Conforme el art. 166 de la Constitución de Río Negro los miembros del Organismo de Control deben ser designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo.

Vale decir que la iniciativa es exclusiva del Gobernador Provincial en tanto y cuanto es el titular de dicho poder. Es el Primer Magistrado rionegrino quién debe remitir al Poder Legislativo el nombre del integrante que desea proponer para cubrir esta vacante.

Desde que Alberto Weretilneck se hizo cargo del Poder Ejecutivo, los Organismos de Control Externo han sufrido un continuo desgaste y  consiguientemente una merma en su autoridad y credibilidad. Sus integrantes, a excepción del contador Huentelaf, son jóvenes profesionales carentes de antecedentes en el manejo de la cosa pública que hoy ocupan cargos de niveles tan importantes como la conducción de organismos de rango constitucional. Del seguimiento de su actuación se observa una intromisión permanente del Poder Ejecutivo en el desenvolvimiento de estas gestiones, tratando de direccionarlas, en algunos casos promoviendo su pasividad y en otros su proactividad, involucrándolos inclusive en las internas del Gobierno, en algunos casos impulsando su impronta de control y en otras tratando de impedirla

Los jóvenes contralores no han podido manejar estas situaciones de tironeo permanente  que vulneran su imparcialidad, por lo menos frente a los ojos del observador común. Desde luego que los sueldos desproporcionados y autoimpuestos por los jefes de los Órganos de Control han contribuido también, a dañar su imagen.

Sin liberarlos de responsabilidades, creo que la dirigencia política que los promovió para que ocuparan tan honrosos cargos debió haber intervenido con un fuerte llamado de atención, a fin que esta inequidad se subsane rápidamente evitando así el descontento y la fuerte condena social.

Resulta sumamente grave el hecho de que el Gobernador, en una actitud por lo menos indiferente a la importante función de estas instituciones, continúe manteniendo vacante una vocalía del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Rio Negro. El  Organismo colegiado, integrado por tres miembros, conforme la Ley 2747 Orgánica del Tribunal de Cuentas, mantiene acéfalo el lugar que corresponde a la designación de un profesional abogado, lo que implica un grave vacío.

Por lo expuesto creo concluir que se exterioriza aquí un profundo desprecio por los principios republicanos que consagra la Constitución de Río Negro, sobre todo en lo que hace al control público. Pareciera que existe una actitud desdeñosa hacia quienes deben vigilar el correcto y transparente uso de los dineros públicos.

No se ha dado la mas mínima explicación por la demora, y a tal punto se rehúye el tema que es legitimo sospechar que se trata de un descuido intencional.

Es fundamental que el control público  funcione.

Es fundamental la tarea de los Órganos de Control Externo en la batalla contra la corrupción.

Ana Piccinini