La educación es una práctica social, política, cultural y pedagógica que favorece a la democratización  de la cultura y a la construcción de una sociedad solidaria, que respeta  la igualdad, los derechos humanos, la diversidad cultural y fortalece el desarrollo económico sustentable y la justicia social.

Las instituciones escolares son espacios de lucha, y la pedagogía tiene que ser la herramienta para dar la disputa política-cultural, con el objetivo de  expandir las capacidades humanas, favorecer el análisis y procesos de reflexión de la realidad, desarrollar destrezas imprescindibles para su actuación responsable, crítica, democrática y solidaria.

Para avanzar en estos postulados, el Estado debe garantizar  el derecho social a la educación en su máxima expresión poniendo todos sus estamentos a disposición para proteger a los más frágiles, nuestros niños, niñas y jóvenes, este derecho colectivo se debe dar en condiciones de igualdad y calidad, gratuidad, la universalidad en el acceso, la permanencia y el egreso, una educación laica que respete las distintas culturas y libertad de creencias religiosas integrando a las familias.

Frente a la vulnerabilidad de estos derechos, el retraso de las intervenciones de quienes nos tienen que cuidar violentan la estructura social y genera un lógico y comprensible malestar en las familias, que exigen respuestas inmediatas a los que tienen más cerca, es decir a directivos y docentes, aún cuando estos hayan activado los mecanismos y protocolos correspondientes para remediarla.

Coincidimos con el pensamiento de que es necesario fortalecer los contenidos curriculares  de manera transversal como prevención de adicciones, educación en la memoria, educación sexual integral, construcción de ciudadanía, convivencia escolar. La escuela tiene que hablar de valores para garantizar la calidad educativa, para formar buenas personas y contener a todos/as  los estudiantes.

En la tarea docente, por antonomasia nunca se deja de estudiar ni de aprender, por eso son necesarios espacios de formación permanente que contemple las necesidades de las comunidades educativas, partiendo de que los trabajadores/as de la Educación priorizamos el dialogo y la entrega del amor, se intenta transformar la realidad, por ello las propuestas escolares deben transmitir la deseabilidad de la vida, el respeto y la solidaridad.

El espacio educativo debe plantear el  desafío de poder construir puentes entre  las macro y micro políticas de cada establecimiento, la clave para cualquier relación humana es construir menos paredes y más puentes, el acompañamiento institucional debe ser un dispositivo rápido en su intervención y concreción que posibilite abordar las problemáticas escolares protegiendo a los más vulnerables, favoreciendo el trabajo conjunto con los distintos actores que tienen esta responsabilidad: Equipos técnicos del Ministerio de Educación, Justicia, Desarrollo Social, Salud, etc con la toma de las decisiones adecuadas para abordar integralmente las tensiones de la actualidad escolar y construir un trabajo colectivo.

Asumir la dimensión social de la educación tanto en la escuela como expresión de políticas del Estado en un territorio, como forma de organización conjunta de un colectivo social, es tarea y responsabilidad de nuestros gobernantes. Generar la toma de conciencia de la escuela como el espacio público privilegiado que garantiza aprendizajes relevantes para la infancia, la niñez y la adolescencia es responsabilidad de todos y todas.            

Con la conformación de nuevas subjetividades, no solo de estudiantes sino también de docentes, madres y padres, es necesario promover una actitud crítica y reflexiva que permitan reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y sociales, para generar propuestas institucionales que atiendan la singularidad y heterogeneidad de situaciones y contextos de enseñanza- aprendizaje adecuados.

 Todo proceso de enseñanza se debe acompañar con  políticas pedagógicas y sociales que marquen el  camino hacia una mejor manera, de apropiarse de herramientas válidas para sostener la tarea áulica desde cada proyecto institucional, en concordancia con los puntales básicos que sostienen esta tarea: conocer y dar a conocer  los derechos y obligaciones de enseñar y aprender, desde una construcción colectiva, democrática y participativa.

Queda claro que en el caso puntual del Jardín N° 85 de Cipolletti los estamentos estatales no llegaron en tiempo y  forma, ni el proceso administrativo de la sumariante ni las actuaciones de la Justicia de Río Negro, estos retrasos hacen que las trabajadoras de la Educación de nivel inicial carguen con la responsabilidad de otros, dañando esto el vínculo con su comunidad educativa, más allá que hayan realizado todos los procedimientos necesarios y tendientes a proteger la integridad física y psicológica de su estudiante que la normativa vigente establece,  la complejidad social invade la escuela.

Las instituciones democráticas deberán actuar con celeridad para que no se desvirtúe la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sostenemos que si hay delito no se debe haber mediación, tiene que haber castigo, más aun cuando se comete a lo más preciado de la sociedad, nuestros hijos/as.

El gobierno provincial tendrá que replantearse las estrategias de prevención y contención, instrumentar dispositivos claros y rápidos para una inmediata intervención de equipos técnicos para acompañar a las y los trabajadores/as de la Educación y no castigar con reubicaciones ni separaciones de cargos cuando no corresponde.