El fracaso de las actuaciones gubernamentales relacionadas con la minoridad, está generando categóricas condenas, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el trato dado a los menores en conflicto con la ley, donde se sigue aplicando la legislación de la dictadura militar.

Las tasas argentinas de femicidio y abuso sexual infantil convergen desde 2013 hacia un crecimiento acumulativo del 15% anual, Rio Negro supera en más del 50% esos promedios. También crece número jóvenes de muertos por causas violentos en las cárceles donde el consumo de drogas y la tortura son tan generalizados como sistemáticos. Con 12 jóvenes rionegrinos “suicidados” en Comisarías en los últimos cinco años, la provincia ya alcanza el 8º lugar en casos de “gatillo fácil” y “excesos policiales” del país. En lo que va de 2015 el número de asesinatos en Viedma se ha duplicado y ocupamos los titulares nacionales por escándalos de explotación sexual infantil donde se imputa a camaristas y personajes de alta visibilidad social.

La escandalosa situación de los Derechos Humanos en nuestra provincia padece una sigilosa gestión incapaz de brindar respuestas idóneas para detener y revertir el creciente tráfico de seres humanos. Las políticas públicas generadas para los menores que constituyen el 31% de la población rionegrina se han limitado a incluir a los mayores de 16 años en la clientela electoral, mientras la deserción escolar en el ciclo secundario ocupa el 3º lugar del país y la incidencia de venéreas y embarazo adolescente arrojan los peores registros de la Patagonia.

Las principales fuentes de denuncias de abuso sexual infantil son los familiares directos, fundamentalmente la madre, (34%), la sospecha de un profesional, principalmente el médico (27%), los servicios sociales (19%), el juzgado (11%), la policía (7,3%). Las causas de descubrimiento son los relatos de los niños (50%), indicios físicos (17%), anomalías en el comportamiento (14%), indicios sociales (11%), detección de “ambiente de abuso” (6%) y el resto de los casos por descubrimiento durante el mismo acto. Sin embargo, los “arreglos” determinan que menos del 5% de las denuncias ante los Servicios Sociales terminen en Juicios y un porcentaje aún menor en condenas, particularmente cuando no hay familiares directos que las patrocinen.

La explotación sexual de menores abastece a los sistemas prostibularios de trata de personas, al turismo sexual, la pornografía infantil, la venta de niños y de órganos, etc. También los servicios de información e inteligencia siguiendo el ejemplo de la SIDE nacional, arman dispositivos extorsivos para chantajear a los depravados, o poner a su disposición menores brindando cobertura a sus perversiones. Esas "carpetas" permiten condicionar las decisiones de esos funcionarios y empresarios corruptos, que constituyen una parte sustancial de la dirigencia berlusconiana que padecemos.

La vulnerabilidad de los menores es inasumible, la Argentina ostenta los peores registros de empleo juvenil de Latinoamérica, sin que los planes sociales implementados como paliativos logren evitar el continuo crecimiento de la pobreza y la indigencia, particularmente intensa en las Mujeres Jóvenes Pobres y con menores a cargo. Estas situaciones resultan determinantes si consideramos que más del 70% de quienes ejercen la prostitución la abandonarían si tuviera medios económicos o un trabajo digno (ACLAD). Evolucionar hacia una sociedad menos riesgosa y más inclusiva requerirá mejorar los resultados educativos y su vinculación con las oportunidades de trabajo juvenil honesto.

Presionados, vulnerables y asustados, los menores abusados suelen seguir según estudios de la Sociedad Pediátrica Argentina 5 fases arquetípicas: 1) secretismo; 2) indefensión; 3) entrampamiento y acomodación; 4) revelaciones retrasadas y escasamente convincentes; y 5) retractación posterior de testimonios sobre el abuso revelado, lo que hace imprescindible trabajar sobre los indicadores asociados y realizar peritajes idóneos y certeros.

El sistema vigente en Río Negro ha demostrado no poder garantizar siquiera la confidencialidad de las actuaciones o los contenidos de las declaraciones de las víctimas en la Cámara Gessell. El Ministerio de Desarrollo Social ha sido intimado 8 veces sin éxito por el Poder Judicial para que brinde informes concretos. La defensora de menores hace 2 años promovió amparo aceptado esta semana por el Superior Tribunal de Justicia por la desesperante situación de más de dos centenares de menores en tres ciudades rionegrinas Los municipios reclaman fondos del área social, adeudados durante años. Es tal la profundidad de la crisis que podría abundarse en los ejemplos de forma indefinida. 

No hay nada más lejos de la justicia que la violencia. En Rio Negro, al decir de Fito Páez “Hay una lagrima en el fondo del río de los desesperados, bla bla bla, bla bla, ya no sabe a pecado, los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado”

Lic. Javier García Guerrero. Ex Auditor Principal Coautor de la metodología de evaluación de Programas Sociales de la Sindicatura General de la Presidencia de la Nación.@JavierGGuerrero