Esto implica el desarrollo de un programa regulado por las exigencias de la propia actividad, donde tanto el gobierno nacional como provincial aporten los recursos financieros teniendo en cuenta que las reglas de juego impuestas por el Estado nacional son las que causan el mayor daño.

Las políticas del gobierno nacional, han dejado al sector productivo-exportador con márgenes de rentabilidad negativo; además, las demoras en destrabar el conflicto con Brasil, retrasaron las operaciones comerciales provocando pérdidas millonarias que deben ser absorbidas por el sector frutícola.

Hay que decir que los pequeños y medianos productores perciben desde hace varios años valores que rondan el sesenta por ciento (60%) del costo de producción de sus peras y manzanas, es decir, todos los años pierden rentabilidad. A esto se suma los bajos volúmenes de fruta comercializada este año y la pérdida de miles de kilos de fruta en las chacras y la falta de transparencia en las operaciones comerciales que sigue perjudicando a los productores.

El sistema se enfrentó nuevamente a una crisis extraordinaria por falta de rentabilidad, con  productores que no pueden pagar créditos y que se descapitalizaron durante años y es por esta razón que deben ser asistidos.

Una situación similar vive la vitivinicultura, con caídas del 10% en las exportaciones y del 7% en el consumo.

En este contexto de falta de políticas públicas, se favoreció un modelo oligopólico caracterizado entre otras cosas por la concentración de la tierra productiva y el desplazamiento de los pequeños y medianos productores. Los productores venden sus tierras -que en algunos casos ya ni producen-, desapareciendo la tierra fértil bajo planificaciones urbanas, barrios cerrados, especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100 años.

Lo alarmante es que en todas las regiones de nuestro país, esto se repite. Las economías regionales hace años se encuentran en crisis debido a las políticas de los gobiernos neoliberales.

La caña de azúcar en Tucumán, que como el caso del algodón del Chaco, es el cultivo que más sufrió el avance de la soja, sufre la expansión la frontera agrícola de los transgénicos que redujo las superficies de cañaverales.

Durante este año, las movilizaciones de los pequeños y medianos productores - federados en la Federación Agraria Argentina -FAA- a lo largo del país, muestran la situación que viven las economías regionales. En Paraná, Entre ríos, recientemente los productores protestaron frente al BNA reclamando créditos nuevos y refinanciamiento para el sector.

En Tucumán, pequeños productores nucleados en la UCIT, FAA y Cañeros Unidos del Este, realizaron cortes de ruta parciales el lunes 17 de agosto, reclamando un pedido de aumento del 2%  en el corte de alcohol con la nafta, una moratoria especial en AFIP por la crítica situación que atraviesa el sector y financiamiento de $40 pesos por tonelada para la zafra.

En Formosa, más de 200 productores, tractores y camionetas, se movilizaron, cortaron un puente y realizaron una asamblea en la que plantearon nuevamente reclamos de políticas públicas diferenciadas para el sector. Reclaman subsidios en semillas y agroquímicos, refinanciación de deudas,  créditos para afrontar la nueva campaña agrícola de algodón y granos hasta 100 has; entre otros. También se pidió ayuda para los productores bananeros y de hortalizas que fueron afectados por las lluvias. Se reconoció la crisis profunda que atraviesan las economías regionales y la necesidad de medidas urgentes para salvar a los productores.

En Salta, los reclamos de campesinos, agricultores familiares y pequeños productores de alimentos, se centran en la demanda de tierras, de las que son constantemente expulsados. También necesitan adquirir maquinaria agrícola para uso colectivo, así como inversiones que aseguren la producción y la comercialización.

Esta misma situación la confirma la COPAL -Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios-, afirmando que luego del primer trimestre de 2015, todas esas actividades registran una importante caída de sus negocios de exportación. “La suba de los costos y la falta de competitividad por el atraso cambiario son parte de un cóctel que pone en peligro cientos de miles de puestos de trabajo”, se afirma y luego se detalla que “En el caso del arroz, cultivo clave en Corrientes y Entre Ríos, los embarques del primer trimestre se achicaron nada menos que 54%. En el NEA también es importante la actividad forestal, cuyos envíos cayeron 39%. También la producción de pollos, sector mimado por el gobierno.

Pese a ello los envíos avícolas se achicaron el 28%”. Estos son solo algunos casos analizados.

Es por la grave situación que expongo, que las economías regionales del país deben ser declaradas en emergencia Económica y productiva por el Congreso nacional. El proyecto de ley de mi autoría, tiene ese propósito: “Declarase la emergencia económica y productiva, por el término de 365 días, prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, las economías regionales argentinas.”. El fin de esta propuesta es que el gobierno nacional determine medidas de urgencia para favorecer a los sectores de productores más afectados, quienes son los verdaderos sostenes de una economía igualitaria, mas autentica y con mayor distribución de beneficios en cada una de las regiones del país. 
 
MAGDALENA ODARDA
SENADORA NACIONAL CC ARI