Somos una organización defensora y promotora de la democracia y respetamos las leyes que este sistema genera a través de las diferentes mayorías parlamentarias, pero ello no obsta que repudiemos y trabajemos para modificar aquellas que son, a nuestro juicio, lesivas de los intereses de las mayorías. Entre otras, trabajamos para modificar las leyes de Educación Superior y sobre minería del Menemismo así como la ley Antiterrorista y la ley de Hidrocarburos de la era Kirchnerista porque son leyes hechas a favor de la concentración económica en detrimento de los intereses populares y de la preservación del medio ambiente.

En este marco, afirmamos que el gobierno Macrista, lejos de profundizar las reformas legislativas positivas de los últimos 10 años, como la ley de medios de comunicación, las leyes de matrimonio igualitario y de género o la ley de migraciones, entre otras, va a profundizar las negativas para los intereses de nuestro pueblo. De hecho ya derogó por decreto los aspectos más importantes antimonopolio de la ley de medios, y lamentablemente lo puede hacer con cierto consenso social por el mal uso y la indebida apropiación que hizo el gobierno Kirchnerista de un proyecto de las organizaciones comunitarias del ámbito de la comunicación que lucharon por años para lograrla.

El pretendido protocolo para garantizar el derecho constitucional de libre circulación es en realidad una manera de reglamentar la ley Anti Terrorista cuyo único propósito es evitar que el pueblo haga visible los saqueos económicos y sociales que tratarán de imponer los sectores a los cuales representa el actual gobierno  sin vergüenza y a cara descubierta como lo demuestra la designación en los cargos claves a los gerentes (nos parece un adjetivo más argentino y entendible que la palabra CEO), de las empresas extranjeras, que ganan más cuando los argentinos ganamos menos.

Desde Río Negro el socialismo rechaza este protocolo e insta al gobierno de esta provincia a no adherir al mismo.

Respecto a la posición nacional del socialismo sobre el tema, coincidimos con lo expresado por la Diputada Nacional Alicia Ciciliani en sus declaraciones al diario Clarín el 6-1-16 donde, haciendo un paralelo entre el proyecto de cambiemos y el de la derecha española de Rajoy, entre otros conceptos dijo: “¿Acaso cuando el gobierno de Cambiemos hablan del borrador de un protocolo para actuar ante las protestas sociales estará pensando en un espacio jurídico similar? Esperemos que no y que las afinidades ideológicas entre ambos gobiernos no tienten al nuestro a seguir los pasos del español.

El Estado no puede estar ausente en la resolución de los conflictos sociales y aparecer solo para reprimir la protesta que estos generan.

Hace unos días hemos vivido escenas extremas por la quiebra de la empresa avícola Cresta Roja que ha dejado en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras. No parece prudente ignorar las dificultades que generan los cortes y los piquetes pero tampoco poner esto en el mismo plano que las consecuencias laborales y sociales derivadas de esa situación.

¿Dónde está el equilibrio? En el rol del Estado más allá de los gobiernos. Así como el hambre no puede tolerarse desde ninguna posición y su superación es inherente a la vida en un Estado democrático, también se deben garantizar las condiciones básicas en el mercado laboral: el trabajo digno y la resolución equitativa de los conflictos que pueda generar el cumplimiento de este derecho. Responder solo con represión a las quejas que generan los conflictos es como intentar sofocar el hambre eliminando a los hambrientos.”

Respecto a la posición del gobierno de Santa Fe, encabezado por el socialista Miguel Lifchitz aspiramos a que adopte similar postura, que por el momento aparece en un equilibrio vacilante, a partir de las expresiones dadas a conocer por el diario La Capital de Rosario el 19-02-2016, por el Ministro de Seguridad santafesino que expresó:  “A su turno, Pullaro puntualizó: “Coincidimos, en términos generales, en que no es posible obstruir una arteria o una ruta, pero discrepamos con que si en cinco minutos no la desalojan, se manda a la fuerza de seguridad”. En esa línea, el ministro aseguró: “Bajo ningún concepto queremos criminalizar la protesta y bajo ningún concepto queremos utilizar la fuerza”.

“Siempre decimos que usar la fuerza es el último, pero el último recurso”, resaltó, para luego aclarar que “esa resolución dice claramente que cada una de las provincias tendrán un protocolo de actuación”.”

Juan José Tealdi
Presidente Partido Socialista Río Negro