El legislador Pablo Barreno criticó duramente la decisión del Consejo de la Magistratura de aceptar la recusación en su contra interpuesta por el abogado defensor de la jueza Erika Fontela, quien está siendo acusada en un juicio político por hechos de presunta violencia laboral.

“Tal como sucedió la semana pasada con la imputación de cargos en mi contra, la reunión del Consejo de la Magistratura funcionó como una extensión conceptual de la aberración jurídica planificada por Liliana Piccinini, y ejecutada por la fiscal Maricel Viotti y el juez de garantías Puntel”, sostuvo Barreno sobre ese episodio.

“¿Quiénes conforman el Consejo? Funcionarios judiciales, legisladores oficialistas y representantes del Colegio de Abogados de Bariloche. Parecido a una corporación, ¿no?”, dijo Barreno.

Calificó como “Insólito, absurdo en términos normativos, peligroso desde la perspectiva institucional e inquietante en función del enfoque político” lo decidido por el Consejo “justo en la primera reunión de la que formo parte luego de la reciente elección del bloque del Frente de Todos para que ocupe el lugar institucional que le corresponde a la oposición”.

Sobre el argumento esgrimido para la recusación dijo que “créase o no, en pleno siglo XXI, los integrantes del Consejo coincidieron en que un representante de trabajadores judiciales no está en condiciones de participar institucionalmente de este organismo”.

Aseguró que “plantearon que por mi condición de secretario General de Sitrajur hasta 2019 permitía la introducción del concepto duda razonable sobre mi imparcialidad para juzgar el desempeño de la jueza acusada por graves desórdenes de conducta y mal desempeño en sus funciones”.

Agregó que “la recusación contra mi persona ofrece una evidente e inapelable muestra de la profunda degradación que la jerarquía del Poder Judicial propicia en Río Negro” y destacó que la reunión del jueves “parecía más una reunión de amigotes que un encuentro institucional de esta jerarquía. ¿Será esta la impunidad que otorga tomar decisiones en los sótanos de la democracia?”.

Finalmente, manifestó que “lo más grave y peligroso de toda la situación, es el claro desacople de Río Negro con el nuevo paradigma que impulsan el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en torno a la transformación filosófica, estructural y normativa que requiere la Justicia. Tanto el Presidente en la Asamblea Legislativa del lunes, como la Vicepresidenta en su alegato en la causa Dólar Futuro, dejaron bien claro que van a ponerse al frente de la titánica tarea de ayudar a construir una Justicia democrática, de cara a los ciudadanos, alejada de las persecuciones según los vientos políticos y de las conspiraciones articuladas entre poder político, judicial y mediático”.

Concluyó que “no asombra la inercia corporativa, reaccionaria y aristocrática de la jerarquía judicial. Ese es el mundo en el que viven. Hacen lo que quieren simplemente porque pueden. Pero la complacencia o desidia del sector político ubicaría a Río Negro en una situación de extrema gravedad, muy cercana al Lawfare y decididamente reñida con el Estado de Derecho que promueve el Gobierno Nacional. Ojalá prevalezca el sentido común del que carece la jerarquía judicial, pero que la clase política ha sabido abonar”.