El Consejo de la Magistratura sancionó a una Defensora
Oficial de Villa Regina por “mal desempeño de la función” y le impuso una
suspensión de 25 días, sin goce de haberes. La funcionaria aceptó su
responsabilidad y el monto de la sanción que había propuesto la parte acusadora
del proceso disciplinario.
Según se tuvo por acreditado, entre 2015 y 2017 la
Defensora de Pobres y Ausentes de Villa Regina Ana Gómez Piva “limitó
indebidamente el acceso de los justiciables a la defensa pública” al
implementar sin autorización un sistema de turnos que restringía la cantidad de
atenciones diarias en la Defensoría y provocaba “demoras o esperas innecesarias
para el acceso a la Defensa Pública”. Por otra parte, se constató que “no
obstante la gran demanda” de la ciudadanía, “no asistió a su despacho en el horario
de contraturno, salvo en algunas excepciones”, y que “delegó en empleadas de su
defensoría funciones propias de su trabajo” que le eran “inherentes e
indelegables”.
Por otra parte, el Consejo concluyó que “se encuentra
debidamente probado que la funcionaria no ha prestado un servicio adecuado,
eficiente y oportuno” a cinco personas que requerían su representación o
intervención en procesos judiciales específicos. “Los malos tratos propinados a
los justiciables” y “el atraso, deficiencia y/o falta de diligenciamiento
oportuno de los trámites que aquellos le encomendaban” fueron contrarios al
deber de “brindar un servicio adecuado, ejemplar y de calidad hacia los
justiciables”, concluyó el Consejo.
La sanción se aplicó a través de un procedimiento
abreviado, en función de un acuerdo pleno de reconocimiento de responsabilidad
que se presentó ante el Consejo y que fue aceptado por la mayoría, integrada
por el presidente del STJ, Ricardo Apcarian -con doble voto-; el fiscal jefe
Hernán Trejo en su carácter de Procurador Subrogante, y los legisladores Lucas
Pica y Norberto Gerardo Blanes. Otro grupo de consejeros, integrado por el
abogado y las abogadas de Roca Nicolás Díaz, Natalia San Miguel y María
Gabriela Lastreto y el legislador Pablo Barreno, se pronunció en disidencia
respecto del procedimiento y consideró que la sanción debió aplicarse mediante
un juicio político tradicional.
25 abril 2024
Judiciales