Luego del anuncio de la gobernadora Arabela Carreras en la Sociedad Rural de Bariloche en relación al envío de un proyecto de ley para regularizar el dominio de tierras rurales, la Coordinadora del Parlamento Mapuche - Tehuelche de Río Negro dio a conocer su opinión, con fuertes cuestionamientos.

“Se podría pensar que por fin un gobernante se va a poner firme ante los mayores usurpadores de tierras de la historia y les va a exigir devolución de territorios para distribuir entre comunidades, familias mapuches despojadas y aún en pequeños productores para contribuir y hacer efectivo el espíritu de la ley de tierras N° 279 vigente en la provincia que expresa la tierra es para el que la trabaja”, expresó la coordinadora.

Relatan que “lo cierto es que el problema territorial de la provincia atraviesa los casi 70 años de su historia, pero deviene de una historia anterior cuando la Patagonia estaba dividida en Territorios Nacionales y había una política clara y contundente. Las zonas productivas de los valles, cuencas de ríos, arroyos, mallines y pampas estaban destinadas a la población criolla argentina y colonos inmigrantes de países europeos”.

“Para las comunidades mapuches tehuelches estaban las reservas indígenas reconocidas por el estado que con el correr de los años se fueron reduciendo en hectáreas y para las familias mapuche tehuelches que fueron víctimas del proceso de dispersión llevado a cabo por la Policía Fronteriza los arrinconamientos en las zonas áridas, piedreros y zonas altas, donde fuimos destinados a ser tenedores precarios de tierras y sin poder llevar adelante en muchos casos la trashumancia, milenaria práctica de nuestro pueblo”, agrega.

La Coordinadora aseguró que “esta política de Estado que se ha mantenido hasta la actualidad significó que ninguna familia mapuche ha obtenido ni título comunitario y mucho menos individual, mientras la mayoría de las estancias e hijos de inmigrantes “compraron” adelantos y mejoras en campos fiscales que ellos sí pudieron titularizar y por supuesto ser parte de la Sociedad Rural. El encomillado de “compraron” sabemos que significa el despojo más violento donde fueron parte la policía, los jueces de paz y jueces de tribunales, matones armados y una prensa cómplice que no veía en ese despojo una injusticia. Bajo el discurso del progreso se avalaba la violencia sin derecho al reclamo. Siempre para nuestras familias la protesta y el reclamo significaron el calabozo. Para nosostros nunca hubo justicia”.

“Por ello -indica- el anuncio de un proyecto de ley que incumbe a las comunidades y que desconocemos absolutamente, nos preocupa. Hay un complejo entramado de despojos territoriales que nunca fue reparado. A pesar de que la ley 2287 nació para poder resolver la indebida apropiación de territorios en años anteriores, la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras que prevé la ley nunca funcionó y la Comisión Investigadora que funcionó bajo la órbita de la Legislatura de Rio Negro entre el año 2012 a 2015 recibió solo 140 denuncias, muchas de las cuales están en Fiscalía de Estado desde hace 7 años sin resolución. A esto hay que sumarle que la ley 26160 de relevamiento territorial esta sin aplicarse en la provincia hace más de 10 años y que eventualmente una ley de títulos comunitarios debe ser sometida a un proceso de Consulta Libre Previa e Informada que establece el convenio 169 de la OIT”.

Concluyen que “a pesar de la necesidad que tenemos las comunidades de tener el Título Comunitario debemos tener conocimiento de los alcances del texto de la ley, los modos de aplicación y fundamentalmente como vamos a resolver todos los despojos territoriales que hemos sufrido y cuáles son las reservas de tierras que el Estado tiene para hacer efectiva la manda constitucional de Tierras Aptas y Suficientes para las comunidades que la requieran, como lo expresa el art. 75 inc 17 de la Constitución Nacional. Nos preguntamos si el lugar elegido para el anuncio transparenta una alianza entre el gobierno y un sector social que ve en la tierra un negocio? ¿Cuál es el sentido de anunciar la propiedad comunitaria indígena en el predio de la Sociedad Rural?. La participación y la consulta previa a las comunidades y sus organizaciones no son parte de la política de este gobierno provincial. Las demandas comunitarias sin resolver son muchas, para abrigar la esperanza de que sea una ley favorable para las comunidades. Defendemos el territorio porque somos parte del territorio”.