Se realizó el juicio de cesura, en el que el Ministerio Público Fiscal requirió pena para una cirujana pediátrica encontrada autora del delito de lesiones gravísimas culposas. La Fiscalía y el abogado querellante coincidieron en requerir dos años de prisión condicional y dos y medio de inhabilitación especial para ejercer la medicina.

La pena prevista para el delito endilgado va de seis meses a tres años de prisión y un período similar de inhabilitación (de 18 meses a 4 años), tal lo fijado en el Código Penal.

La instancia comenzó con la presencia de testigos que brindaron su testimonio acerca de la actividad profesional de la imputada y contaron cómo era la vida de la víctima antes y después del hecho.

Al momento de requerir la pena, la Fiscal Paula Rodríguez Frandsen dijo que la inexistencia de antecedentes penales son favorables a la médica, pero aclaró que la misma se encuentra implicada en otras causas penales similares que, no obstante, no pueden considerarse al momento de mensurar la penal.

Dijo en cambio que la especialización que Torres tiene en cirugía infantil debiera haberle permitido actuar de una forma superior a la media, recordó que los pacientes que atestiguaron hablaron de “una actitud soberbia”, recalcó que tres de los padres de pacientes damnificados mencionaron que no les brindaba información en el marco de sus intervenciones y agregó que en dichos casos “se negó a recibir ayuda y sugerencias incluso de otros cirujanos”.

“Esto demuestra una actitud irrespetuosa hacia los derechos de los pacientes”, por ello al pedido de inhabilitación especial le sumó la exigencia de realizar durante el lapso de la misma, cursos que mejoren su comunicación y trato con ellos.

Finalmente expresó que “no hay forma de mensurar el daño que causó”, aspecto que profudizó el abogado querellante: “La extensión del daño causado es la más grande, estamos en el límite entre una lesión gravísima y la muerte con una expectativa de vida demasiado baja”, expresó ante los padres del menor y agregó que “la acusada generó un daño muy fuerte en la vida del niño y en la dinámica familiar que quedó desmembrada luego de este hecho”.

En este sentido, luego de mencionar que la médica está inmiscuida en tres procesos penales distintos aclaró que la falta de antecedentes penales computables “no permite llegar al máximo de la pena prevista”. Se extendió en tanto en relación al argumentar el pedido de inhabilitación especial para ejercer la medicina.

Para concluir, el abogado defensor de la cirujana, requirió la pena mínima de multa e inhabilitación pero sólo para realizar cirugías.

El hecho

Se produjo el 10 de septiembre de 2019, en horas de la tarde en el Hospital Zatti de Viedma, cuand la médica Fernanda Torres efectuó un procedimiento quirúrgico del niño. Fue acreditado, y por eso se la condenó oportunamente a la profesional, que “el niño ingresó al quirófano sin un neumotórax hipertensivo” y que “antes de la intervención estaba compensado hemodinamicamente”.

“Fue la imputada quien provoca el neumotórax hipertensivo” que deviene en paro cardiorespiratorio y que no se resuelve sino hasta un par de horas después en otra sala y por parte de otro profesional”.

En el transcurso de ese tiempo “el pulmón del niño estuvo colapsado, comprimido sin lograr una ventilación 100 % efectiva” produciendo las graves consecuencias que hoy padece.