A partir de una denuncia radicada por agrupaciones proteccionistas ayer jueves se realizó una medida para poner en resguardo a 29 vacas que se encontraban en estado de desnutrición.

La diligencia tuvo lugar en la zona rural de esta ciudad y participaron de la misma la fiscal adjunta de la Fiscalía descentralizada de Allen, voluntarias y voluntarios de agrupaciones protecciones de Allen, Cipolletti y Fernández Oro entre los que se encontraban profesionales veterinarias.

Para trasladar a los vacunos se utilizó un camión con terraplén y también distintos vecinos ayudaron a arrearlas para su traslado a una chacra de Allen donde se las mantendrá en resguardo preventivamente.

Allí ya se les proporcionó fardos y pastos frescos para su alimento, además de procurarles los cuidados veterinarios y colocar las vacunas requeridos para el caso.

La Ley Nacional 14.346 sanciona a aquellas personas que ejercen malos tratos o tratos crueles contra animales ya sea domésticos o de crianza con fines de comercialización. Puntualmente, en este caso se denuncio que no se brindó alimento en cantidad o calidad suficiente para evitar su desnutrición.

Además, cabe recordar que por Instrucción General de la Procuración los fiscales de la provincia no podrán aplicar el beneficio de la Suspensión de Juicio a Prueba a aquellas personas imputadas en casos de crueldad animal.

El instrumento jurídico destaca que deben calificarse como graves, los actos de crueldad animal “atento al carácter que revisten, en tanto la violencia que se despliega para causar sufrimiento, de manera innecesaria por el modo excesivo, perverso o violento de la conducta denota una intencionalidad marcada en infligir sufrimiento”. El seguimiento de las causas de maltrato animal de cuenta de la clara voluntad de la Procuración General dirigida a la persecución de este tipo de delitos.

La Instrucción General expresa además que “el nuevo paradigma de a justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía”.

“Una política de Persecución Penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general. Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios”.