Un fallo inédito de la Justicia Civil condenó al Poder Judicial de Río Negro a pagar un resarcimiento económico a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya. El joven que fue asesinado el pasado 15 de junio de 2008 en Viedma, y cuyo caso aún sigue impune.
El abogado, Fabio Igoldi, que representa a la familia de Martínez Vinaya, explicó que fue clave el informe de la Comisión Legislativa Investigadora de la causa Atahualpa que estableció que hubo negligencia en el accionar policial y de funcionarios judiciales.
Además, en el proceso del juicio, también se presentó como prueba una pericia médica del deterioro que sufrió en la salud durante todo el proceso en reclamo de justicia la mamá de Ata, Julieta Vinaya, quien falleció en octubre de 2018 si saber qué pasó con su hijo.
Igoldi detalló que “hace dos años la familia de Atahualpa inició una acción civil contra el Poder Judicial por la reparación, daños y perjuicios por impunidad. Es decir, el Estado tiene una obligación de investigar un ilícito y por negligencia de sus operadores, concretamente la Policía, la estructura del Ministerio Público Fiscal y todo el Poder Judicial, entendemos que no se pudo averiguar la verdad del hecho, quienes son los autores del homicidio”.
“Ingresamos la demanda, que es inédita en la provincia, donde hay un único antecedente pero que no llegó a juicio que es el caso de -Sergio- Sorbellini y -Raquel- Lagunas (ocurrido en 1989 en Río Colorado), donde el Estado reconoció la indemnización por impunidad y hubo un acuerdo con la provincia y una reparación económica”.
Al respecto, el abogado explicó que “nosotros tuvimos que iniciar un juicio porque el Estado ante la propuesta nuestra no nos reconoció y finalmente ayer salió la sentencia del doctor -Juez, Julián- Fernández Eguía haciendo lugar a la demanda”.
Igoldi explicó que “es el único fallo de este tipo en la provincia, porque en general las responsabilidad del Estado están cuando hay un accionar independiente, en general del empleado policial que lesiona a alguien de manera dolosa o algún accidente donde participa algún empleado estatal, pero con las responsabilidades del Poder Judicial se es mucho más restrictivo”.
“Cada vez que un juez falla en contra, se nulifica una causa o hay un sobreseimiento de un imputado, ese sólo hecho no ocasiona una responsabilidad del Estado”, manifestó el abogado, mientras aclaró que “lo que pasa es que en este particular caso hay un juicio político a la investigadora, la doctora -Daniela- Zágari, donde se la responsabiliza de negligencia, además, hay un informe de una comisión legislativa que también especifica responsabilidades en la Policía y el Ministerio Público Fiscal como responsables de que no se hayan encontrado los responsables del hecho”.
Igoldi remarcó que “esto no es que el Estado puso todos los elementos a disposición para esclarecer el hecho y la mala fortuna, la dificultad de investigación o porque los autores del hecho son muy buenos no se pudo obtener un resultado. Estos organismos dijeron que la responsabilidad de la impunidad fue la negligencia de los operadores del Estado”.
El abogado agregó, además, que “para acreditar el daño moral que ocasionó el transitar de estos más de diez años de una familia pidiendo justicia hay una pericia médica que determinó que la causa de la muerte de Julieta Vinaya -la mamá de Ata- fue en reclamo de Justicia. Que su enfermedad, su padecimiento y muerte, fue causado directamente por el fatigoso tránsito del proceso penal”.
15 enero 2025
Judiciales