La Cámara Civil de Roca confirmó una sentencia que responsabiliza a la dueña de un establecimiento rural por la desaparición de 31 animales vacunos, luego del vencimiento de un contrato de arrendamiento. El fallo ratifica que la mujer deberá indemnizar al productor afectado con más de 36 millones de pesos por daños patrimoniales y morales.

El conflicto se originó en un campo de 1.515 hectáreas ubicado en La Pampa, alquilado en 2017 para la explotación ganadera. El contrato establecía un límite de 200 vacas o 150 terneros y fijaba el precio del alquiler en kilos de carne, conforme a los valores del mercado de Liniers. La relación contractual concluyó en julio de 2020, pero el productor continuó ocupando el predio con el consentimiento de la propietaria, quien aceptó pagos posteriores.

Tiempo después, la situación cambió. La arrendadora entregó el campo a otro ocupante, colocó un nuevo candado en la tranquera y bloqueó el acceso del productor, quien ya no pudo ingresar para retirar su hacienda, compuesta por 23 vacas, 4 terneras y 4 terneros. A partir de ese momento, se iniciaron gestiones y presentaciones ante organismos públicos, incluyendo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Según consta en el expediente, SENASA verificó que los animales continuaban en el campo meses después del vencimiento del contrato y que incluso fueron vacunados en febrero de 2021. Sin embargo, en una inspección posterior, la tropa ya no estaba. El organismo dio de baja el rodeo y cerró el registro sanitario correspondiente.

El productor interpuso una demanda por daño emergente, lucro cesante y daño moral, alegando pérdidas económicas significativas, así como complicaciones administrativas ante SENASA por no poder cumplir con los protocolos sanitarios. La arrendadora negó responsabilidad, argumentando que el productor debía haberse retirado del predio una vez finalizado el contrato.

El juzgado civil de Roca, en primera instancia, le dio la razón al productor. Determinó que los animales desaparecieron mientras estaban dentro del campo y bajo control de la arrendadora, quien impidió su recuperación al restringir el ingreso. También rechazó una contrademanda por presunto incumplimiento contractual, al considerar acreditados los pagos realizados y señalar que el conflicto derivó de las acciones de la propietaria.

Ante la apelación, la Cámara Civil confirmó el fallo. El tribunal evaluó documentación oficial, informes de SENASA, constancias de vacunación y testimonios que acreditaron la presencia, permanencia y posterior ausencia del ganado. Los jueces valoraron la falta de colaboración de la arrendadora, quien cerró el acceso al predio, entregó la llave a un tercero y luego se desentendió del destino de los animales.

Además, el tribunal validó la indemnización por daño moral, al considerar que el productor fue afectado no solo por la pérdida del capital ganadero, sino también por la imposibilidad de continuar su actividad y por las consecuencias derivadas del incumplimiento de las exigencias sanitarias.

Con esta resolución, la sentencia queda firme y se ordena el pago de la suma dispuesta en primera instancia como resarcimiento por los perjuicios ocasionados.