El Ministerio Público Fiscal solicitó este lunes una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por seis años para el único funcionario policial declarado penalmente responsable del delito de vejaciones en el marco del legajo conocido como Solano II. El pedido se realizó durante la audiencia de cesura desarrollada en General Roca, en la que también intervino la querella, que adhirió al planteo fiscal.
La fiscalía inició sus alegatos recordando que el imputado no registra antecedentes penales computables y sostuvo como agravante los testimonios escuchados durante el juicio respecto del modo en que Daniel Solano fue retirado del local bailable. Declarantes señalaron reiteradamente que la violencia ejercida por el personal policial fue innecesaria. La fiscal jefe remarcó que el acusado no actuó solo, sino junto a otros agentes, lo que —indicó— generó una mayor indefensión para la víctima y un mayor grado de peligrosidad en la intervención.
El Ministerio Público Fiscal añadió que, si bien la cesura debe circunscribirse al hecho por el que el imputado fue declarado responsable, la afectación a los derechos humanos de Solano constituye un elemento relevante para la valoración del daño. Sostuvo que la actuación policial desmedida fue el punto de partida de lo que posteriormente ocurrió con el joven trabajador golondrina.
Entre los agravantes mencionados, la fiscalía destacó además las condiciones personales del acusado, quien al momento del hecho tenía 29 años y se desempeñaba como policía, con conocimiento de los límites legales de su función. Subrayó que ninguno de los testigos afirmó que Solano hubiera actuado de manera violenta o que se hubiera resistido, por lo que no existía un riesgo que justificara el uso excesivo de la fuerza.
“La manera en que lo sacaron fue excesiva y grave, y afectó tanto a la víctima como a la función pública y al poder delegado por el Estado”, señaló la fiscal jefe durante sus alegatos.
En octubre, el Tribunal de Juicio había absuelto al imputado del cargo de partícipe del homicidio de Solano y declarado no culpables a otros dos policías que estaban acusados de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscalía, con adhesión de la querella, solicitó además que durante tres años el policía cumpla reglas de conducta: fijar y mantener domicilio, someterse a supervisión por el Instituto de Atención y Prevención de la Violencia (IAPL) y realizar una capacitación sobre derechos humanos vinculada a la dignidad humana y al uso legítimo de la fuerza policial.
Por su parte, la defensa particular pidió que se aplique el mínimo legal.
El Tribunal dará a conocer la sentencia el martes 9 de diciembre a las 9 de la mañana, a través de la plataforma Zoom.
4 diciembre 2025
Judiciales