El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos hombres acusados de haber participado en al menos cuatro robos agravados por el uso de armas de fuego en la ciudad de Viedma. Ambos fueron detenidos y cumplirán prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Según la acusación, los hechos se produjeron entre el 10 y el 19 de mayo. En todos los casos, los imputados habrían actuado en conjunto, empleando armas para amenazar a las víctimas y huir con dinero y otros objetos de valor.

El primer asalto ocurrió el 10 de mayo en una agencia de quiniela ubicada sobre la avenida Caseros al 1200. Cerca de las 18:40, los sospechosos ingresaron al local, amenazaron al empleado con un arma de fuego y sustrajeron aproximadamente 200 mil pesos antes de huir por calle JJ Biedma.

El segundo hecho tuvo lugar la madrugada del 11 de mayo en un maxikiosco de avenida Francisco de Viedma. Allí, uno de los hombres amenazó al trabajador con una pistola y le robó dinero, documentos y dos teléfonos celulares. Luego, ambos condujeron al damnificado hasta un depósito, lo encerraron y escaparon.

El tercer episodio ocurrió el 15 de mayo en un kiosco ubicado en la esquina de calles 25 de Mayo y Brown, minutos antes de las 23:30. Según la denuncia, uno de los acusados ingresó al local armado, y tras sustraer cigarrillos y dinero en efectivo, escapó junto a su cómplice en una motocicleta.

El último hecho se registró el 19 de mayo por la noche en una panadería de 25 de Mayo y Sarmiento. Allí, amenazaron con un arma a dos trabajadoras, se llevaron dos dispositivos de cobro electrónico y dinero, y escaparon hacia el barrio 1016 Viviendas en una moto.

Durante la investigación, la Fiscalía reunió evidencia a partir de denuncias penales, actas policiales, imágenes de cámaras de seguridad, informes del Cuerpo Judicial de Investigaciones y material forense. También se incorporaron capturas de redes sociales que mostraban motocicletas similares a las utilizadas en los hechos, así como ropa y objetos que coinciden con los registros visuales. Todo esto derivó en allanamientos positivos y la posterior detención de los sospechosos.

Los delitos fueron calificados como coautoría de robo agravado por el uso de arma de fuego, de acuerdo con los artículos 45, 65 y 166 inciso segundo del Código Penal. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por el plazo que dure la investigación, mientras que la defensa oficial, aunque no se opuso a la imputación, propuso medidas menos restrictivas.

El juez de garantías tuvo por formulados los cargos, ordenó la apertura de la investigación por un plazo de cuatro meses y dictó prisión preventiva por la mitad de ese tiempo. Además, accedió al pedido de la defensa de prohibir la difusión de datos personales e imágenes de los imputados para resguardar futuras ruedas de reconocimiento. Esta medida regirá hasta que las diligencias sean completadas.