El gobierno nacional ha logrado instalar la idea de que "los impuestos son un robo", una consigna libertaria que, lejos de cuestionar el sistema impositivo desde sus fundamentos, solo ha servido para consolidar una conducta ruinosa: la confiscación de recursos de las provincias y de las ciudades.

Ningún caso revela con tanta crudeza esta contradicción como el de los impuestos aplicados a los combustibles líquidos. El sistema es tan simple como brutal en su ejecución: cada litro de nafta o gasoil que se carga en cualquier ciudad del país implica una transferencia directa al gobierno nacional. Más del 50% del precio final corresponde a impuestos, entre ellos el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), regulados por la Ley 23966.

A diferencia de otros tributos de recaudación general, estos impuestos tienen fines específicos: un 28,69% debe destinarse al Sistema Único de Seguridad Social (ANSES), un 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), un 4,31% a obras de infraestructura hídrica, y el resto —algo más de la mitad— a la mejora y mantenimiento del sistema de caminos, rutas y calles nacionales.

Sin embargo, la realidad es otra. En 2024, la recaudación por estos conceptos se disparó un 379% respecto a 2023, alcanzando la asombrosa cifra de 2,5 billones de pesos. Un salto extraordinario que no encuentra correlato alguno en los destinos que la ley establece.

Por el contrario, las partidas correspondientes a obras públicas e infraestructura cayeron un 74% en términos reales. Las transferencias corrientes a provincias, un 75%. Ni el FONAVI, ni la ANSES, ni el fondo de infraestructura vial registraron un giro proporcional.

La provincia de Río Negro, por ejemplo, contribuyó en 2024 con más de 16 mil millones de pesos por estos impuestos. Esta cifra no proviene de una estimación arbitraria, sino de su población relativa y del consumo per cápita promedio a nivel nacional.

En esta dirección, el saqueo se torna aún más evidente al observar algunas ciudades de la provincia: Bariloche aportó 2.900 millones, Viedma 1.750 millones, Villa Regina 760 millones, San Antonio Oeste 650 millones, y Los Menucos, con apenas 5.000 habitantes, más de 100 millones de pesos.

El gobierno nacional, que recauda estos impuestos de manera automática en cada surtidor del país, se queda con todo y no cumple con nada. Los vecinos de las ciudades pagan como si vivieran en Buenos Aires, pero reciben a cambio lo mismo que si vivieran en Haití.

La equidad fiscal, el federalismo y el cumplimiento de las normas no constituyen ninguna preocupación para un gobierno nacional que, por ahora, parece inmune a estos atropellos.

Pero la situación descrita revela algo más profundo: el vaciamiento progresivo del pacto federal en favor de una maquinaria centralista de recaudación sin redistribución alguna.

Mientras se recorta el gasto social, se paralizan obras y se pisotea a las provincias, se mantiene intacta —y hasta potenciada— la aspiradora impositiva del gobierno nacional, que no reduce su voracidad sino que, por el contrario, la agiganta.

En este contexto, la consigna "los impuestos son un robo" se vuelve autorreferencial. Porque el verdadero robo es este: cobrar impuestos con fines específicos y desviar sus recursos a cajas generales para sostener un programa al servicio del capital financiero, a cambio de la tranquilidad cambiaria sobre la cual se basa la estrategia para bajar la inflación.

En Argentina, aunque no lo sepamos, pagamos el peaje más caro del mundo cada vez que cargamos combustible. Un tributo sin contraprestación alguna en orden a lo que prevé la legislación ya mencionada.

Todo ello es la causa de la exacción de recursos que se produce en las ciudades y en las provincias, y que terminan, en definitiva, desperdiciados, alimentando los circuitos de la especulación: el carry trade, la bicicleta y la ficción de un tipo de cambio subsidiado con deuda y con impuestos que no se usan para los fines para los cuales fueron creados.

En resumen, el interior sostiene, sin quererlo, una arquitectura económica al servicio de la renta financiera, de aquellos que -más tarde o más temprano- siempre se la llevan.