Una ex trabajadora del Ministerio Público de la Defensa fue imputada por el presunto delito de fraude contra la Administración Pública, luego de que una investigación interna detectara que utilizó licencias laborales para desempeñarse simultáneamente en otros empleos estatales y privados, cobrando varios salarios entre junio de 2022 y enero de 2025.

La acusación formal fue presentada este miércoles durante una audiencia de formulación de cargos que se realizó de manera virtual. La imputación sostiene que, mientras revistaba como empleada en una Defensoría Pública de Cipolletti, la mujer fue contratada por la Municipalidad de San Martín de los Andes y por la Obra Social de Petroleros Privados, percibiendo haberes por esas tareas al mismo tiempo que cobraba su salario del Poder Judicial de Río Negro.

El caso comenzó a investigarse a partir de una denuncia administrativa interna iniciada en la Procuración General, con sede en Viedma. En esa instancia se detectaron las presuntas incompatibilidades, que luego fueron respaldadas por documentación oficial proveniente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ANSES, la municipalidad neuquina, el sindicato petrolero y distintas áreas del Ministerio Público y el Poder Judicial provincial.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, la imputada habría trabajado en la Municipalidad de San Martín de los Andes entre junio y octubre de 2022, y posteriormente en la Obra Social de Petroleros Privados desde octubre de ese año hasta agosto de 2024. Durante todo ese tiempo habría mantenido activa su relación laboral con el Poder Judicial, lo que contraviene las normativas vigentes que impiden a sus empleados asumir otros cargos fuera del sistema judicial.

La acusación fue acompañada por una resolución del Superior Tribunal de Justicia fechada el 12 de febrero de 2025, que dispuso la cesantía de la trabajadora en el marco de un sumario administrativo. Sin embargo, la investigación penal avanza ahora por una vía paralela, orientada a determinar la eventual responsabilidad penal de la imputada.

Durante la audiencia, los abogados defensores no se opusieron a la formulación de cargos, aunque adelantaron que sostendrán una versión alternativa de los hechos. También solicitaron que la audiencia se realice de manera reservada. La Fiscalía se opuso parcialmente al pedido, argumentando la necesidad de mantener la publicidad del proceso, pero aceptó preservar la identidad y los datos personales de la imputada, medida que fue ratificada por el juez de Garantías.

Por último, la defensa propuso reconvertir la audiencia para solicitar la suspensión del juicio a prueba. Ante esto, el Ministerio Público indicó que será necesario consultar previamente la opinión de la víctima, en este caso la Administración Pública provincial. En consecuencia, el juez dispuso convocar al organismo de contralor que el Poder Ejecutivo designe para continuar el trámite.

La causa ingresó ahora en su etapa de investigación penal preparatoria, que se extenderá por un plazo inicial de cuatro meses.