El Poder Judicial de Río Negro dictó una condena de 18 años de prisión a un hombre hallado penalmente responsable por los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de homicidio doblemente agravado, en perjuicio de una adolescente, así como tentativa de homicidio criminis causa contra otra persona. Los hechos ocurrieron en febrero de 2019 en una zona de chacras de la ciudad de Villa Regina, y el condenado permaneció prófugo hasta 2024.

Según lo reconstruido durante el juicio, el hombre intentó asesinar a una adolescente con el fin de ocultar un delito sexual previamente cometido. El intento se produjo cuando la arrastró hasta un canal de riego para ahogarla. La intervención de vecinos que escucharon los pedidos de auxilio impidió que consumara el hecho, lo que motivó su huida del lugar. El acusado se mantuvo prófugo durante cinco años hasta que fue capturado este año.

Durante la audiencia de cesura realizada la semana pasada, la Fiscalía solicitó una pena que tuviera en cuenta la gravedad de los hechos y los agravantes considerados. Entre ellos, se mencionó la edad y el género de la víctima, el uso de alcohol como facilitador de la vulnerabilidad, las características del lugar y horario en el que ocurrieron los hechos, así como las secuelas psíquicas acreditadas por informes periciales. También se valoró negativamente la conducta posterior del acusado, quien se mantuvo en rebeldía judicial hasta su captura en 2024.

Por otra parte, la fiscalía señaló que, si bien no se registraban antecedentes penales previos, el accionar del acusado durante el juicio y su intento de eludir el accionar de la justicia eran factores relevantes para la determinación de la pena. La escala penal aplicable, conforme lo establecido por el Código Penal argentino, prevé un rango de entre 10 y 50 años de prisión para este tipo de delitos.

La defensa solicitó una condena menor, de 11 años de prisión, y argumentó que el imputado proviene de un contexto de exclusión social, con una historia de vida atravesada por la marginalidad y el trabajo informal desde edad temprana. También sostuvo que no existían antecedentes condenatorios y que el acusado había sido el principal sostén de su madre y su entorno familiar. Además, puso en duda la valoración realizada por la Fiscalía sobre algunos elementos del caso y pidió al tribunal que considerara una pena que no obstruyera una futura posibilidad de reinserción social.

El fallo fue unánime por parte del tribunal interviniente, que resolvió imponer la pena de 18 años de prisión.