Oscar Fernando Carriqueo Phomphakdy fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Nicole Ailín Posada, ocurrido el 17 de febrero de 2024 en General Roca. El fallo fue dictado tras el juicio de cesura realizado el pasado 26 de mayo, luego de que un jurado popular lo declarara culpable por unanimidad.

El Tribunal impuso la pena máxima prevista en el Código Penal, por considerarlo autor del delito de homicidio doblemente agravado: por el vínculo de pareja y por haber mediado violencia de género, conforme a los artículos 80 incisos 1 y 11, en relación con el artículo 45 del Código Penal.

La acusación logró probar que el crimen se produjo durante la madrugada, en la vivienda que compartían la víctima, el imputado y sus cinco hijos menores de edad, ubicada en calle Tránsito Toledo al 2000. Según la investigación, el hombre golpeó a Posada y, ante su resistencia, utilizó una barra de hierro con la que la agredió en la cabeza, causándole la muerte en el lugar.

El juicio se desarrolló bajo la modalidad de juicio por jurados, en lo que constituyó el proceso número 21 de este tipo en la provincia de Río Negro. Estuvo integrado por doce personas —seis mujeres y seis varones— quienes escucharon durante cinco jornadas los testimonios de más de 40 personas, entre personal forense, policial, familiares y personas cercanas a la víctima. El juicio fue transmitido en vivo por el canal institucional del Poder Judicial.

El proceso inició el 7 de abril, en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca, y se extendió durante cinco días consecutivos. En ese marco, se presentaron pruebas documentales, registros fotográficos y elementos secuestrados en la investigación. Luego de los alegatos de cierre y las instrucciones finales del juez Oscar Alberto Gatti, el jurado deliberó en sesión secreta y emitió su veredicto unánime de culpabilidad.

Carriqueo Phomphakdy fue juzgado mientras se encontraba detenido con prisión preventiva. La fiscalía lo acusó conforme al marco normativo que contempla la violencia por motivos de género, en línea con lo establecido por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El caso generó conmoción en la comunidad de General Roca y fue seguido de cerca por organizaciones sociales, autoridades judiciales y diversos sectores que trabajan en la defensa de los derechos humanos y la equidad de género.