La legisladora provincial Magdalena Odarda manifestó su preocupación ante el dictamen fiscal emitido recientemente en el marco de la denuncia por el acuerdo entre la exgobernadora Arabela Carreras y la empresa estatal israelí Mekorot. La referente ambiental señaló que el Ministerio Público volvió a desestimar la apertura de la causa, lo que a su entender consolida un esquema de impunidad institucional y vulnera derechos fundamentales en materia ambiental.

Odarda apuntó contra los máximos organismos judiciales de la provincia. “Existe un sector del Poder Judicial, encabezado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y el Procurador Jorge Crespo, que actúa como escudo para garantizar la entrega de nuestros bienes naturales comunes a corporaciones extranjeras, consolidando un modelo de matriz productiva colonial y extractivista. El caso Mekorot es una prueba contundente”, afirmó.

En esa línea, criticó la falta de especialización del Ministerio Público en temas ambientales y recordó que las fiscalías creadas por ley en 2010 nunca fueron implementadas. Según sostuvo, esta omisión institucional permite que se desconozcan normas fundamentales como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, suscripto por la Argentina en 2018 y ratificado por el Congreso Nacional.

Odarda enumeró tres dimensiones en las que, según su análisis, se quebrantaron compromisos ambientales: el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Denunció que el acuerdo con Mekorot no fue publicado en el Boletín Oficial ni remitido a la Legislatura, pese a involucrar a una empresa extranjera. También advirtió que no se convocó a audiencia pública ni se consultó a organismos técnicos nacionales como el CONICET, el INTI o el INTA.

En cuanto al acceso a la justicia, la legisladora aseguró que “las presentaciones judiciales que impulsaron la investigación fueron rechazadas reiteradamente sin permitir siquiera la apertura de un proceso, obstaculizando el derecho a la tutela judicial efectiva”.

Finalmente, consideró que “la impunidad garantizada desde los estrados judiciales no es casual, sino que responde a intereses concretos que sostienen un modelo de entrega de los recursos naturales sin control democrático, sin transparencia y a espaldas del pueblo rionegrino”.

Desde su banca en la Legislatura y como militante ambiental, Odarda reafirmó su compromiso en exigir que se investigue el acuerdo con Mekorot y en promover el respeto del derecho ambiental y la defensa del agua como bien público y estratégico.