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rescatada durante la grave inundación que afectó a Bahía Blanca en marzo pasado, se encuentra actualmente en Viedma, donde la Defensa Pública trabaja para garantizar su protección integral y restituir sus derechos.
La anciana, identificada como I.R., fue evacuada el 6 de marzo desde la residencia geriátrica en la que vivía, cuando el agua ya alcanzaba la altura de su torso. Fue trasladada en una pala mecánica y durante varios días permaneció desaparecida, hasta que fue localizada en estado de shock en el Hospital Militar del Quinto Cuerpo del Ejército.
Tras ser encontrada, una mujer que la considera su madre —con quien mantiene un vínculo afectivo de años, aunque sin lazo biológico directo— viajó desde Viedma a buscarla. Ante la imposibilidad de conseguir una ambulancia, adaptó su vehículo particular para trasladarla hasta la capital rionegrina, donde actualmente residen juntas.
En este contexto, la Defensora Civil de Pobres y Ausentes intervino para representar legalmente a la mujer mayor. El objetivo es que su hija y nieta afines puedan ser reconocidas formalmente como sus apoyos legales, de modo que puedan tomar decisiones sobre su salud y utilizar sus haberes previsionales para cubrir las necesidades que atraviesa.
En ese marco, se solicitó una medida cautelar urgente para habilitar la apertura de una cuenta bancaria judicial a nombre de su cuidadora, permitiendo así el uso de su jubilación y pensión en su propio beneficio. Hoy en día, estos ingresos permanecen inaccesibles.
La Unidad Procesal de Familia recibió también el pedido de diversas medidas de prueba, como pericias médicas y psicológicas, y relevamientos sociales, con el fin de demostrar el estado actual de salud de la mujer, la falta de familiares directos con responsabilidades legales, y el rol que cumplen madre e hija afines en su cuidado cotidiano.
El pedido se fundamenta en artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular el artículo 32, que establece que la capacidad de ejercicio de una persona puede ser restringida judicialmente con el fin de protegerla, asegurando siempre su mayor autonomía. También se ampara en la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que promueve un enfoque de derechos en el abordaje de situaciones de vulnerabilidad psicosocial.
Desde la Defensa Pública subrayaron la importancia de asegurar una respuesta humanitaria y respetuosa de los derechos de las personas mayores, especialmente en contextos de desarraigo o emergencia. La historia de I.R. expone no solo los efectos devastadores de los desastres climáticos, sino también las redes afectivas que muchas veces sostienen a quienes más lo necesitan.
13 junio 2025
Judiciales