El Consejo de la Magistratura de Viedma se reunirá este lunes a las 11.30 en el auditorio del Poder Judicial con un único punto en el orden del día: resolver un planteo de la defensa del juez Gustavo Guerra Labayen en contra de la actual integración del órgano que debe evaluar su conducta en el marco del juicio político pendiente desde hace más de un año.

La presentación fue realizada por el abogado defensor Fernando Chironi, quien sostiene que la composición actual del Consejo —con siete integrantes— no se ajusta a lo que establece la normativa vigente, debido a las recusaciones, inhibiciones y renuncias que se fueron dando a lo largo del proceso.

En particular, la defensa impugnó la participación de las representantes del Colegio de la Abogacía de Viedma, dado que uno de los suplentes del estamento había sido denunciante en la misma causa. Aunque ese suplente fue apartado para preservar las garantías del juez, la parte cuestiona que la conformación con solo dos representantes legales —en lugar de los tres habituales— no asegura la legalidad del cuerpo para avanzar en el proceso.

Este nuevo capítulo suma otra demora al trámite disciplinario contra Guerra Labayen, quien se encuentra suspendido desde hace un año por presuntas demoras reiteradas en la resolución de causas en la Cámara Laboral de Viedma. En ese tiempo, el Consejo avanzó en la recolección de pruebas y análisis del caso, pero aún no logró dar paso al jury de enjuiciamiento.

La sesión de este lunes se presenta, entonces, como una instancia clave: si el Consejo confirma la validez de su integración actual, podrá destrabarse finalmente la etapa previa al juicio político. De lo contrario, el proceso podría volver a quedar paralizado, pese a que —según fuentes judiciales— ya existe un consenso mayoritario en cuanto a la posibilidad de una destitución.

Días atrás, el Consejo de la Magistratura había definido avanzar con siete integrantes, luego de una serie de recusaciones e incompatibilidades que redujeron el número habitual de participantes. De los seis representantes de la abogacía, tres ya intervinieron en etapas anteriores y no pueden volver a participar; otro debía presentarse como testigo. Ante ese escenario, el propio abogado involucrado renunció a integrar el Consejo, permitiendo que el proceso continúe sin su participación.

La decisión fue adoptada por unanimidad y se justificó en la necesidad de dar continuidad al procedimiento sin vulnerar los derechos del juez implicado ni desnaturalizar el funcionamiento del órgano. Así, quedó conformado con la jueza Cecilia Criado como presidenta, el juez Gustavo Bronzetti, los legisladores Marcelo Szczygol, Marcela González Abdala y Juan Sebastián Murillo Ongaro, y las abogadas Ana Malis y Sandra Eizaguirre.

Desde el Consejo se había argumentado que esta solución excepcional apuntaba a evitar una nueva postergación en un proceso que ya lleva doce meses de demoras, y que compromete tanto la credibilidad del Poder Judicial como el principio de celeridad que rige los procesos disciplinarios.

Con la reunión de hoy, se espera una definición sobre la validez o no de este esquema. La resolución será determinante para la continuidad del proceso y podría marcar el inicio de la etapa final en el camino hacia un eventual juicio político al camarista.