Un acuerdo económico alcanzado en sede judicial permitió resolver un conflicto originado por el ataque de un perro a un gato en San Antonio Oeste, ocurrido en septiembre de 2024. La conciliación evitó que el caso avanzara a juicio, tras la presentación de una demanda por daños y perjuicios promovida por la dueña del felino.

Según consta en el expediente, el perro ingresó al patio de una vivienda y atacó al gato, provocándole lesiones graves que requirieron intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y controles posteriores. La propietaria del animal afectado documentó el proceso de atención veterinaria con facturas, registros fotográficos y videos de cámaras de seguridad que captaron el ingreso del perro a su propiedad.

La demanda inicial, presentada ante la Justicia de Paz, reclamaba un resarcimiento de $900.000. Los dueños del perro negaron los hechos imputados, cuestionaron las pruebas presentadas y calificaron de excesivo el monto reclamado. La situación planteó un escenario de posiciones encontradas.

Sin embargo, durante una audiencia realizada en febrero de 2025, ambas partes arribaron a un acuerdo: el pago de $700.000 en diez cuotas mensuales de $70.000. Se estableció, además, que a partir de la sexta cuota el monto se actualizará según el índice de inflación oficial del INDEC. El acuerdo fue homologado por el juez interviniente, otorgándole carácter de sentencia definitiva.

La homologación implica que el convenio alcanzado tiene fuerza ejecutoria. En caso de incumplimiento, la parte reclamante podrá exigir el pago total del monto pactado. El cierre judicial del caso no implicó reconocimiento de responsabilidad por parte de los demandados, pero sí puso fin al proceso judicial abierto tras el incidente.

De esta manera, el conflicto se resolvió por vía de la conciliación, un mecanismo que en este tipo de casos permite evitar la prolongación de litigios y contribuye a alcanzar soluciones consensuadas entre las partes involucradas.