Comenzará el 21 de agosto el juicio político al camarista Gustavo Guerra Labayen

El proceso será llevado adelante por el Consejo de la Magistratura con la participación del Procurador General como acusador

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El próximo 21 de agosto se iniciará el juicio político al juez de la Cámara Laboral de Viedma, Gustavo Guerra Labayen. Así lo resolvió la presidencia del Consejo de la Magistratura, luego de dar por finalizadas las etapas preliminares del proceso.

Guerra Labayen, actualmente suspendido en sus funciones, deberá afrontar el proceso por presuntas disfuncionalidades en el ejercicio de su cargo, entre ellas, importantes demoras en la resolución de causas judiciales. Esta situación fue detectada en la investigación preliminar que derivó en la apertura del procedimiento político.

Antes de fijarse la fecha de inicio, el Consejo de la Magistratura debió resolver la integración del cuerpo. Uno de sus miembros titulares, que representa al Colegio de la Abogacía de Viedma, fue propuesto como testigo del proceso, lo que llevó a la decisión de avanzar con un integrante menos.

Durante el juicio, el rol acusatorio será ejercido por el Procurador General, tal como lo establece la normativa vigente. La integración del Consejo en esta etapa quedará conformada por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado; el juez Gustavo Bronzetti; los legisladores Marcelo Szczygol, Marcela González Abdala y Juan Sebastián Murillo Ongaro; y las representantes de la abogacía Ana Malis y Sandra Eizaguirre.

El juicio político es una instancia excepcional del sistema institucional de control del Poder Judicial en Río Negro, y busca determinar si un magistrado ha incurrido en conductas que ameriten su destitución, conforme al régimen previsto por la Constitución provincial y las leyes complementarias.

El caso de Guerra Labayen ha generado atención en los ámbitos judiciales y políticos de la provincia, en tanto se trata de un camarista con extensa trayectoria en el fuero laboral. El resultado del proceso podría significar su destitución definitiva del cargo, en caso de que el Consejo lo considere responsable de las irregularidades señaladas.

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