Cuatro agentes de la Policía de Río Negro fueron imputados por una serie de delitos presuntamente cometidos contra dos adolescentes en la madrugada del 15 de junio pasado, en la localidad de J.J. Gómez. Entre las acusaciones figuran tortura, lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad, omisión de denunciar tortura y amenazas con arma. La medida fue dispuesta este mediodía por el juez de Garantías interviniente, tras un cuarto intermedio en la audiencia de formulación de cargos.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho comenzó cerca de las 2:00 en un playón deportivo del barrio Alta Barda, cuando cuatro integrantes de la Comisaría 47°, que patrullaban en una camioneta oficial, se habrían dirigido hacia un grupo de jóvenes, momento en el que uno de los agentes habría realizado disparos al aire para dispersarlos.

Una vez identificadas las víctimas, ambas menores de edad, se les habría ordenado subir al móvil policial. Durante el traslado, según el relato fiscal, fueron llevadas a un descampado, sin derivación a sede policial ni comunicación con adultos responsables. Allí, uno de los efectivos les habría propinado golpes, mientras sus compañeras intentaban disuadirlo verbalmente y otro agente observaba sin intervenir.

La acusación sostiene que posteriormente el mismo agente habría ordenado a los adolescentes correr y, nuevamente, efectuó disparos, uno de los cuales impactó con un perdigón en el muslo de uno de los jóvenes. El episodio se habría agravado con amenazas directas, con el arma en mano, por parte del mismo funcionario. Las víctimas lograron huir y se ocultaron en una zona de sierras.

Como elementos probatorios, la fiscalía enumeró las denuncias penales realizadas por las familias, certificados médicos, testimonios en Cámara Gesell, informes forenses y registros oficiales de la Unidad 47°, así como la identificación del vehículo utilizado.

En cuanto a las imputaciones formales, uno de los agentes fue acusado de tortura, lesiones leves calificadas, privación ilegal de la libertad y amenazas con arma. Las dos empleadas policiales fueron imputadas como partícipes necesarias de la privación ilegítima de la libertad y autoras de omisión de denunciar actos de tortura. El cuarto implicado fue imputado como partícipe necesario de los mismos delitos que el agente señalado como autor principal.

La defensa penal pública y las defensas privadas solicitaron una recalificación del hecho bajo la figura de vejaciones, lo que fue rechazado por el juez.

El magistrado también hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas, que incluyen la prohibición de contacto, acercamiento y hostigamiento hacia las víctimas y otras catorce personas identificadas por la fiscalía. Estas restricciones estarán vigentes hasta el 2 de noviembre de este año, coincidiendo con el plazo de investigación preliminar.