El Ministerio Público Fiscal formuló cargos este martes contra un hombre acusado del delito de homicidio agravado por ensañamiento, en el marco de la investigación por el crimen de Facundo Romero, ocurrido el pasado 7 de agosto en Viedma. El joven había sido reportado como desaparecido y fue hallado sin vida el domingo, debajo de una cama en el domicilio del imputado.

En la audiencia, la fiscal relató que la víctima se desplazaba en bicicleta realizando entregas de cocaína, circunstancia que fue reconstruida a partir de testimonios y registros. Según la acusación, el imputado lo citó en su vivienda con el pretexto de comprar estupefacientes. En ese contexto, le provocó una fractura de cráneo y luego le asestó 24 heridas con un arma blanca, lo que generó una hemorragia externa que causó su muerte. El informe preliminar de autopsia determinó que Romero estaba consciente al momento de recibir las lesiones y que no presentaba heridas defensivas.

La fiscal detalló que el propio imputado había declarado ante la policía, señalando que Romero había dejado la bicicleta y se había retirado. Sin embargo, las contradicciones en su relato motivaron el allanamiento de su domicilio el domingo. Al iniciarse la diligencia, Olivares —el imputado— solicitó hablar con el juez y se convocó a su defensa. Luego, con autorización judicial, personal de canes y del Gabinete de Criminalística ingresó a la vivienda, donde se halló el cuerpo de la víctima con las mismas prendas que vestía el día de su desaparición.

Durante la inspección se secuestraron celulares, cuchillos, prendas con manchas hemáticas y otros elementos de interés. Pruebas con luminol arrojaron resultados positivos en distintas superficies. En una diligencia posterior se recolectaron restos biológicos, se realizó un escaneo 3D del lugar y se encontraron sustancias que dieron positivo para cannabis y cocaína. La autopsia ubicó la data de muerte entre 48 y 72 horas antes del hallazgo.

La defensa pública solicitó la nulidad parcial de la investigación, alegando irregularidades en el tratamiento del imputado y cuestionando la calificación legal, al considerar que no se configuraba el agravante de ensañamiento. El juez de garantías rechazó el planteo y avaló la imputación en los términos propuestos por la Fiscalía.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el magistrado dispuso la prisión preventiva por tres meses, al considerar que existía riesgo de fuga y la necesidad de resguardar a testigos, además de la falta de domicilio fijo y empleo del imputado. La investigación penal preparatoria continuará con pericias y declaraciones pendientes.