Un tribunal de juicio declaró penalmente responsable a un hombre por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años, y por el delito de promoción de la corrupción de menores. La resolución se dictó este viernes en Viedma, con la participación de la víctima de manera virtual. Quedó abierta la instancia de cesura, en la que se producirá la prueba destinada a determinar la pena.

De esta manera concluyó el debate oral y público contra el imputado, acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente sobre la cual ejercía la guarda en el marco del programa estatal de Familias Solidarias. El juicio se desarrolló entre el miércoles 10 y el viernes 12, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Defensa de Menores y la defensa particular.

Durante el debate declararon una decena de testigos. A ello se sumó el testimonio de la víctima mediante la reproducción de la Cámara Gesell y la declaración del propio acusado. Tanto la Fiscalía como la Defensa de Menores solicitaron que se declare la responsabilidad penal del imputado.

En los alegatos de clausura, la Fiscalía sostuvo que el acusado cometió cuatro hechos de abuso sexual contra la adolescente mientras residía en su vivienda, en un contexto de guarda y convivencia. Además, lo acusó de haber entregado dinero a la víctima con posterioridad a los hechos, con el objetivo de que no revelara lo sucedido, conducta que fue encuadrada como promoción de la corrupción de menores.

El Ministerio Público Fiscal afirmó que la responsabilidad penal quedó acreditada a partir de la concordancia del conjunto probatorio. En particular, destacó la declaración de la adolescente, considerada consistente y sostenida en el tiempo, así como los testimonios de profesionales y operadores de organismos de protección que intervinieron tras la develación de los hechos y durante el acompañamiento institucional.

La acusación remarcó además que la denuncia fue realizada por integrantes de los equipos técnicos del organismo de niñez y que no se detectaron elementos que permitieran inferir falsedad o animosidad en el relato. Por el contrario, se señaló que la víctima presentó resistencias iniciales a denunciar, vinculadas a las consecuencias personales y familiares que ello implicaba.

En el mismo sentido, el defensor de Menores subrayó la situación de especial vulnerabilidad de la adolescente, la relación asimétrica existente y el incumplimiento del deber de cuidado por parte del imputado. Por su parte, la defensa solicitó el sobreseimiento al considerar que los hechos no habían sido probados.

Finalmente, el tribunal integrado por tres jueces resolvió declarar la responsabilidad penal del acusado y dispuso la apertura del juicio de cesura, instancia en la que se debatirá la pena a imponer.