La Linea Sur rionegrina, depósito geográfico de la gran potencialidad minera, es y debe ser el centro.
Durante la presidencia de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento le escribió “ayúdeme en las minas y enriquezco a la República”.
Y agregaba el gran sanjuanino: "Las minas son hoy el fuego que conduce a los pueblos al desierto para poblarlo; y como requieren inteligencia, civilizan a la par que pueblan, como piden máquinas y dan productos pesados y valiosos, señalan la dirección de los ferrocarriles y del comercio”.
Nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994, estableció en su artículo 124 que “le corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Pero antes de entrar en las mismas desviaciones que entorpecen el debate y no conducen a lugar alguno, detengamosno en algunas cifras elocuentes.
La minería aportó al Estado en Argentina en el año 2010 5.600 millones.
El gasto tributario (lo que el estado dejó de recaudar por promoción industrial) en 2010 fue de 452 millones.
Sin esta promoción a la exploración estaríamos de vuelta en la situación de 1994: apenas 20 millones de dólares en exportaciones frente a los 4.500 de hoy.
Su carga impositiva sólo fue superada por el sector agroindustrial y el tabacalero. (Con altos impuestos por razones de Salud y Seguridad Alimentaria).
Hoy siete provincias argentinas, mantienen legislaciones que prohíben el desarrollo de la minería metalífera a cielo abierto, con la excusa de que usan cianuro y ácido sulfúrico, los que producirían irreparables deterioros en el medio ambiente. Son ellas: Chubut, Tierra del Fuego, San Luis, Tucumán, Córdoba, La Pampa y Mendoza.
Es fácil comprobar y rebatir punto por punto, la falacia argumental que fundamentaron estas decisiones, acicateadas por grupos que, levantando la premisa de “defensa del medio ambiente” aprovecharon para levantar mitos arteros en contra de la “Minería a Cielo Abierto” (hoy la de mayor importancia en todo el mundo).
Pese a ello, gobernadores y legisladores de estas provincias actuaron en contra de fines constitucionales que no se discuten y que estas legislaciones lesionan; el bien común; el Interés General.
Siguiendo con la Constitución Nacional, el artículo 126 reza que “las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultades de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado.
La realidad no se puede ignorar, excepto que se pague un precio; y cuanto más persista la ignorancia, tanto más caro y terrible se vuelve el precio que se debe pagar.
El terrible precio no es otro que el de la miseria, que algunos sin urgencias se sienten con derechos a decretar contra miles de compatriotas, prohibiendo el ejercicio de una industria lícita.
Luego de cinco años de sequía, la erupción volcánica del 2011 vino prácticamente a firmar el certificado de defunción de la Línea Sur rionegrina.
La explotación minera, en todas sus escalas, lejos de asustarnos, debe generarnos un verdadero e histórico desafío.
El desafío de entregarle a las generaciones futuras de un vasto territorio provincial, una herramienta genuina y responsable para su desarrollo.
Más nos vale.
Caso contrario, alguien en un tiempo no muy lejano, nos lo demandará.