En un escrito vía mail se menciona puntualmente que la Corte (en la causa derivada de la desaparición de Otoño Uriarte referida a las escuchas telefónicas) con las firmas de los doctores  Lorenzetti, Higton de Nolasco, Petracci, Maqueda  y Zafaroni y el dictamen del ex Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi) coincide con la jueza Bosco sobre la existencia de elementos probatorios que permitirían considerar la posible existencia de una situación de trata de personas.
La investigación de otros hechos que se les atribuían a miembros de las fuerzas policiales que cumplían funciones en el Valle Medio no podían separarse de la investigación sobre la trata de personas, ya que todos habrían tenido estrecha vinculación entre si.
Es por ello que la Corte resolvió, como lo afirmaba la Jueza  Bosco en su momento, que actuará en todos los hechos que se investigan la justicia Federal.
La ex Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, había cuestionado la decisión de Bosco, indicando en el informe presentado en la legislatura en el año 2010 que no entendía por qué la nombrada había tomado esa decisión a su criterio equivocada.
En referencia puntual a las escuchas telefónicas que se mencionan, en ellas se pueden advertir el diálogo de proxenetas de Choele Choel con policías de la unidad octava de policía de la ciudad. Esto derivó en una causa por la presunta vinculación entre  efectivos de la fuerza y personas dedicadas a la explotación sexual de mujeres. En ella se vieron involucrados cuatro uniformados, la mayoría de ellos oficiales y suboficiales.
La investigación nació cuando se trataba de dar con el paradero de la joven Otoño Uriarte, que había desaparecido de su casa. Luego se descubriría que había sido asesinada.
La causa sobre trata de personas trajo aparejada -además-  una dura interna entre la policía y la jueza, que derivó en que fuese cesanteado de la fuerza el oficial, Gabriel Ormeño, quien era el principal investigador de la magistrada.
FUENTE: Sergio Escalante