En primer lugar, Aguiar se refirió a la forma en la que hace décadas se discuten salarios en la provincia y el perjuicio que esto provoca al conjunto de empleados estatales, diciendo "Es necesario discutir en paritarias para defender el poder adquisitivo de los salarios estatales. En Río Negro, a pesar que llevamos casi 30 años de democracia, el poder político no ha democratizado las relaciones laborales en el Estado sancionando una ley de paritarias, y esto ha favorecido un progresivo deterioro de los salarios".

Respecto a los porcentajes de incremento que dejó entrever el Ministro y la posibilidad de vincular la restitución de zona a la discusión salarial, el referente de los estatales sostuvo "No se puede decretar un porcentaje de aumento sin tener en cuenta la historia que han atravesado los salarios de los empleados públicos en la provincia y las verdaderas necesidades de los trabajadores. El aumento debe ser significativo, ya que durante los últimos años los incrementos siempre fueron detrás de los índices inflacionarios. Si se introduce la restitución de zona desfavorable dentro del aumento, estaríamos frente a una recuperación formal, pero no real de un derecho".

Aguiar, también se refirió a la desigualdad planteada a partir de la política salarial del gobierno y el sector docente, alcanzando acuerdos a partir del mes de Enero, cuestión ésta que no sucede en otros sectores del Estado "No solo como trabajadores, sino como ciudadanos esperamos que los funcionarios trabajen en favor de un trato igualitario y sin discriminaciones. Si el aumento de salarios para el resto de los sectores del Estado no es retroactivo al 1 de Enero, se estará discriminando gravemente a casi 25.000 empleados públicos en la provincia".

El referente de ATE en la provincia terminó refiriéndose también a algunas omisiones por parte del funcionario de Economía, diciendo "El gobierno debe abordar también el blanqueo de los salarios, ya que más de un 60 por ciento de éstos se encuentran en negro. No mostrar interés por la calidad de los salarios de los empleados públicos, es obstaculizar la posibilidad de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios que brinda el Estado a las franjas sociales más vulnerables de la comunidad".