Junto con la asistente social Aurora Isla, responsable del área de Adjudicaciones del organismo, se les atribuyó la presunta responsabilidad penal por el otorgamiento de las casas a personas que no reunían las condiciones exigidas por la reglamentación, muchas de ellas allegadas a funcionarios radicales, en perjuicio de trabajadores de Vialidad y sus familias, que eran quienes tenían la prioridad para acceder a las viviendas. En el mismo expediente están procesados y con prisión preventiva Carlos Sansuerro, extitular del Sindicato de los Viales- y Carlos Iturburu, exadministrador de la Cooperativa de Viviendas House Vial.

El juez de instrucción Maximiliano Camarda, el mismo fallo, dictó la falta de mérito a Marcelo Carlos Canneva, otro funcionario del IPPV, y a los 14 adjudicatarios irregulares de las viviendas. Estos últimos fueron imputados porque la Cámara Criminal Tercera, al confirmar los procesamientos de Sansuerro e Iturburu, ordenó que sean investigados como posibles partícipes de una maniobra defraudatoria para acceder a las casas.

Según el relevamiento que hizo el juez, los adjudicatarios irregulares no eran empleados de Vialidad, no contaban con toda la documentación requerida ni presentaron los papeles según la reglamentación. Muchos ni siquiera reunían el requisito de no tener otras propiedades. Tampoco fueron entrevistados por asistentes sociales como instancia forzosa previa a la adjudicación, todas tareas que debía realizar o verificar el IPPV.

Camarda concluyó que se adjudicaron las casas "en perjuicio de miembros de la "familia vial" que, estando en principio en las mismas o mejores condiciones que los nombrados, fueron arbitrariamente excluidos de la posibilidad de acceder a una de dichas viviendas".

FUENTE: Diario Río Negro