Desde la Secretaría, a cargo de Néstor Busso, se ha solicitado al jefe de la Policía de Río Negro, Fabián Gatti, que "arbitre las medidas necesarias para que los agentes involucrados sean separados de la fuerza".

Asimismo, el organismo informó, en un comunicado, que "se puso a disposición de las víctimas y sus familias, y manifestó su acompañamiento en el pedido y reclamo de justicia".

Por su parte, la legisladora Daniela Agostino (Alianza Concertación) también manifestó su repudio a "la violencia ejercida en San Carlos de Bariloche por efectivos de la Policía de Río Negro contra jóvenes que integran una murga" y expresó su preocupación por "las reiteradas denuncias o directamente procesos judiciales, en los cuales aparecen involucrados miembros de la fuerza de seguridad provincial".

Agostino consideró que “las verdaderas palizas que recibieron los jóvenes durante el domingo pasado en los barrios 28 de Abril y Arrayanes son producto de la estigmatización que sufren los jóvenes de sectores populares, pero al mismo tiempo forman parte de un cuadro general mucho más preocupante. Tiempo atrás las denuncias contra efectivos policiales por supuestas torturas y apremios, fueron con turistas brasileños de víctimas”.

Además, la legisladora radical señaló que "también el director del Penal de Bariloche y otros efectivos penitenciarios, fueron separados recientemente por el Ministerio de Gobierno después de que el juez penal Martín Lozada los procesara por torturas a presos. Por ese hecho, subrayó, el 18 de julio había solicitado de forma urgente que se reúna la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, algo que el oficialismo no hizo. Después de poco más de un mes, con más denuncias por apremios y violencia, estamos peor".

Finalmente, Agostino consideró que “el Gobierno debe tomar cartas en el asunto de un modo decidido con las violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos policiales, porque es muy dificil que la sociedad confíe en la Policía como institución, cuando sectores determinados reciben la violencia del mismo Estado que debe protegerlos”.