Vargas mencionó que esos fondos, siendo dineros públicos, se “han utilizado y asignado discrecionalmente como si fueran propios; hecho que me hacen presumir la existencia de una serie de graves faltas administrativas y potenciales ilícitos penales que, a mi criterio, amerita se investiguen en forma pormenorizada por ese cuerpo contralor del Estado”.
“Las presuntas irregularidades administrativo-patrimoniales, a mi entender, cometidas desde el ejercicio de la máxima autoridad del Poder Legislativo por las personas mencionadas anteriormente, consisten -entre otras- en:
- Concentración de partidas dinerarias con finalidad desconocida y no rendidas en los términos impuestos por la Ley K Nº 2747.
- Generación de gastos discrecionales no afines a las funciones de cargo.
- Negativa a remitir la pertinente rendición de cuentas ante los organismos pertinente. Aquellas remitidas, lucen cuanto menos inconsistentes, imprecisas e irregulares, tornando imposible su aprobación.
Lo que, en los términos del Código Penal podrían configurar las siguientes figuras:
- Fraude a la Administración Pública.
- Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público
- Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública”.
Vargas pidió a Ponzone una que inicie una “urgente investigación a fin de esclarecer y eventualmente responsabilizar a los involucrados y, de comprobarse los delitos denunciados y de surgir asimismo beneficio económico ilícito para las personas denunciadas, se los denuncie penalmente ante la justicia rionegrina”.
5 mayo 2024
Río Negro