La acción de amparo fue interpuesta contra el gobierno de la Provincia de Río Negro y el Banco Patagonia S.A., en su carácter de actual agente financiero de la provincia, puntualmente con el fin de que se ordene instalación de un cajero automático que cumpla con todas las funciones necesarias para la óptima prestación del servicio bancario en la localidad.
 
Según indicaron los amparistas, “ la ley establece que es obligación de los poderes públicos orientar el crédito hacia tareas productivas impidiendo la especulación. El banco provincial es instrumento oficial de la política financiera del gobierno, caja obligada y agente financiero de los entes públicos provinciales...”, reza textualmente la constitución”, explicaron.
 
Sostienen que “en Mainque nos encontramos si la posibilidad de extraer nuestros sueldos por la inexistencia de un cajero automático de la sucursal cuestionada y ante las respectivas negaciones de diferentes entes ante nuestra petición utilizamos la vía judicial por ver vulnerados varios derechos”. 
 
En ese sentido, detallan que “los trabajadores del  sector público rionegrino perciben sus salarios a través del agente financiero provincial: docentes, personal policial, trabajadores de la salud, agentes públicos de la administración, trabajadores dependientes del Poder Judicial (Juzgado de Paz), etc., en virtud de la legislación vigente se encuentran “bancarizados” en forma obligatoria. El empleador, la Provincia de Río Negro, en forma automática, ordena la apertura de  una caja de ahorro (cuenta sueldo) en el banco que actúa como agente financiero,  a través de la cual se abonan las remuneraciones, quedando así el empleado “cautivo” del sistema, sin la posibilidad de percibir su salario en su lugar de trabajo por la inexistencia de boca de atención de dicha entidad bancaria”.
 
Los concejales, el revisor de cuentas y los vecinos firmantes consignaron que “al perjuicio permanente del vecino de Mainqué de tener que viajar a percibir su salario,  se suma el riesgo emergente de posibles asaltos en las rutas o en su domicilio, dado que es de público conocimiento el cronograma de pagos, y que los trabajadores optan por retirar la totalidad de sus ingresos en una sola operación. También el sector privado se ve perjudicado por no poder canalizar su ahorro producto de las operaciones propias de su actividad productiva o comercial, en forma periódica o diaria”.
 
Por su parte, la senadora Magdalena Odarda había expresado recientemente que “ante la inminente renegociación del contrato entre la Provincia y quien pretende ser nuevamente agente financiero de la misma, se tiene que cumplir con la sentencia dictaminada que precisamente sienta jurisprudencia a este legitimo reclamo”, exigió.
 
Recordó la legisladora de la Cámara Alta que “la causa “Lacasse y Otros” sentó jurisprudencia sumada a la emblemática causa “Fernández Walter y Otros”, a través de la cual permitieron instalar 19 cajeros en las pequeñas localidades de rionegrinas”, ambas causas fueron impulsadas por la actual senadora quien viene llevando adelante el reclamo, primero en la legislatura y ahora desde el Senado.