Hoy 19 de octubre, las mujeres paramos y nos movilizamos por el derecho a la libertad. De elegir qué queremos hacer con nuestros cuerpos y cómo queremos expresar nuestra sexualidad. La libertad de disponer por nosotras mismas qué haremos con nuestras vidas. Porque es justamente la libertad del ejercicio de decisión, lo que busca socavar la estructura social patriarcal que sigue vigente en amplios estratos de nuestra sociedad.

Parece mentira que en pleno Siglo XXI estemos pidiendo por el respeto de una relación social igualitaria entre hombres y mujeres. A Lucía y tantas otras, se le fue arrebatado el derecho más básico de elegir con quién estar. Ahí radica la causa la su muerte, en el no reconocimiento de su persona como sujeto. La cosificación de la que hablamos y muchas veces es minimizada por amplios sectores, que exceden a los estrictamente violentos, encuentra su gestación originaria en la invisibilización de prácticas machistas cotidianas. No solamente las piñas expresan la violencia de género, también debemos tipificar la violencia verbal y psicológica. Porque para que haya vejaciones físicas, primero hubo menosprecio, humillación y sometimiento hacia la mujer por su sola condición de serlo.

Por estos días, escuchaba a compañeras más jóvenes contar diferentes situaciones en las que sentían que se habían puesto en riesgo. Esperar un colectivo sola a altas horas de la madrugada, quedarse dormida en un taxi, hacer dedo en la ruta, o ir a la casa de un desconocido. Situaciones que habían salido bien, porque -según narraban- “habían tenido suerte”. Esto nos están haciendo. Están sembrando un dispositivo del terror en el cuerpo de cada una. El miedo inmoviliza, el miedo hace que nos quedemos en casa, limita la acción y la capacidad de expresión auténtica de nosotras. Nos somete. A esto le decimos basta. En nuestro país son muchas las mujeres que sienten que tienen que pedir permiso para estudiar, trabajar, planificar su maternidad, y ejercer un pensamiento crítico. Y mientras siga habiendo mujeres negadas, las que “tuvimos la suerte” -y nótese la intencionalidad de la comillas- de escaparnos de las estructuras rígidas del machismo, no podemos hacer otra cosa que luchar por ellas, por nuestras hijas y por nosotras mismas.

Recuerdo algunos debates que teníamos durante la transición democrática. Por los años ochenta cobraron relevancia nuevos sujetos sociales en el campo político latinoamericano. Así las minorías religiosas, genéricas, étnicas, los discapacitados, los niños, las mujeres, tomaron visibilidad como colectivos, y asumieron nuevas formas de organización militante. Ante esta novedad, entre compañeros discerníamos en las lecturas y propuestas de acción para llevar adelante las nuevas demandas. 

Algunos sostenían que estas problemáticas servían para ocultar una contradicción más elemental que existía entre la defensa de la soberanía nacional, y la avanzada del neoliberalismo bajo el ropaje del Consenso de Washington. Otros, manifestábamos que la discriminación de las minorías era una forma más que adquiere un esquema político-económico desigual.

La lucha feminista también es una lucha económica-social. En el país, la desigualdad de condiciones entre hombres y mujeres se agudiza en los sectores populares. La brecha salarial va del 30 al 40 por ciento en los trabajos precarizados. El 76% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres, y cuando son madres la tasa de actividad baja del 54 al 39 por ciento. Por eso paramos y no solamente nos movilizamos, estamos exigiendo que se nos reconozcan nuestros derechos como trabajadoras, intrínsecamente asociado al reconocimiento de nuestra libertad, porque bien sabemos que una mujer económicamente dependiente de su pareja, tiene muchos menos recursos para decirle NO al maltrato.

Hoy nos encontramos en la calle, para exigir que no nos arrebaten a ninguna más. Decimos Ni una Menos, y retomamos la agenda planteada en la histórica movilización del 3 de junio de 2015, como base. A saber:
 
1-      Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como establece la ley 26.485.

2-      Garantizar que las victimas puedan acceder a la Justicia. En cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse; las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial

3-      Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Solo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas.

4-      Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar a docentes y directivos.

5-      Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la justicia.
 
¡Hoy más Unidas que nunca, queridísimas compañeras de lucha, hacemos historia!