Bajo la premisa de “no sobrepasar límites máximos y mínimos en función de la infraestructura de captación disponible y de los impactos socio-económicos y ambientales que los mismos pudieran producir” el presidente del bloque fundamentó la propuesta.

El legislador Ocampos referenció que “casi el 90% de los más de 600 mil habitantes que posee la provincia de Río Negro se encuentran asentados a la vera de estos recursos hídricos”. Y destacó que “sobre sus márgenes se desarrollan las principales actividades económicas del país y la región desde lo productivo, lo turístico, lo recreativo y lo ambiental”.

La legisladora barilochense, Daniela Agostino, planteó que “las características del Lago Nahuel Huapi obligaron a la instalación sobre el cauce del Limay de sucesivas represas hidroeléctricas con la finalidad de aprovechar la fuerza hidráulica disponible y agregó que “desde la construcción de El Chocón, el río se ha ido transformando aguas abajo en una suerte de `gran canal´ donde la fijación de su caudal lo determina el conjunto de erogaciones de las distintas represas cuyo primer y principal objetivo es la generación de energía hidroeléctrica”.

A su vez, Ocampos resaltó que la situación descripta implica sucesivas modificaciones de los módulos erogados y aseguró: “este tipo de situaciones provoca innumerables trastornos en todas las captaciones aguas abajo”. Destacó como ejemplo “semanas atrás tomaron estado público las dificultades en la captación de agua del río en la ciudad de Ingeniero Huergo, motivadas por la baja en los caudales del río Negro, la cual provocó la reducción de presión que impidió la producción de agua potable y su posterior distribución”.

Finalmente aseguró que “la recurrencia de los cambios abruptos de caudal de los ríos sigue sin una solución efectiva, manteniendo en los hechos como principal prioridad la generación de energía hidroeléctrica muy por encima de las necesidades de consumo humano o riego agrícola, esto debe cambiar”.