Los tres acudieron con sus colaboradores más directos, como Pérez Esteban que llegó acompañado por el Jefe de la Policía, Mario Altuna. Presentaron propuestas legislativas (en algunos casos con reformas de fondo) y respondieron inquietudes de los representantes legislativos, tanto de la oposición como del oficialismo.

El debate sirvió para dar a conocer detalles de la reforma de la Ley Orgániza de la Policía, de la norma que permitirá el reordenamiento integral del Servicio Penitenciario Provincial, la transformación del laboratorio Prozome en un ente con mayor autonomía, varias adecuaciones en el área de educación y el resultado de la audiencia pública realizada en Catriel respecto de un área petrolera.

La presidencia de la Comisión fue ejercida por la legisladora Tania Lastra y la oposición pidió ampliaciones sólo en algunos detalles de las distintas iniciativas. En el caso del Prozome, se espera su lanzamiento como un centro nacional de producción de medicamentos, para lo cual se le dará autarquía. Se aguarda para enero una inspección de las autoridades nacionales para poder comenzar a cumplir con un contrato por 84 millones de pesos, que implicará duplicar la cantidad de personal en la planta y un importante recambio en tecnología. De hecho ya se adaptó todo el sistema de ventilación y se colocó un piso similar al de los quirófanos en el área de trabajo.

Una de las exposiciones más esperadas fue la de Altuna, quien hizo un repaso de los aspectos centrales de la nueva ley orgánica de la policía, por la cual se va a crear la tan demandada Policía Judicial, con dependencia operativa del Ministerio Público Fiscal, y administrativa de la Jefatura, atento que los agentes conservarán la obligación de actuar ante un delito en caso de flagrancia.
Pero además se volverán a definir con mayor independencia, incluso edilicia y de personal, áreas como Toxicomanía e Investigaciones. El personal de esas áreas hará carrera dentro de cada escalafón específico.

“La ley se puso a disposición del personal más experimentado y de los miembros del Ministerio Público”, destacó Altuna, mientras que Lastra recordó que en tres oportunidades se tuvo la chance de intercambiar opiniones sobre el nuevo texto normativo con la Procuradora, Silvia Baquero Lascano, y con la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini.

“Ley ley anterior estaba más enfocada en la seguridad, y era más verticalista”, comentó Pérez Esteban. Por ejemplo, el sistema disciplinario interno va a recibir varios cambios. Antes, el policía bajo investigación, era defendido por un compañero, la situación la evaluaba la Plana Mayor, y luego el poder de sanción recaía de forma excluyente en el Jefe de la Fuerza. Ahora habrá abogados en todo el proceso, y será el cuerpo que integran los más altos Jefes quien tomará las decisiones.

Otro avance de la jornada fue la presentación de la ley que regulará la actividad en los penales provinciales. Hugo Cecchini, el titular del SPP, reconoció que en la institución se carecía de herramientas legales para ordenar el trabajo y al personal. Respecto a los efectivos, pasarán a tener un régimen similar al de la policía, lo que implica que dejarán de ser civiles y estarán sujetos a nuevos sistemas de conducta. Cecchini destacó que se carecía de Junta de Disciplina, por el vacío legal que afectaba a la institución. Confió que se llevaron adelante 50 reuniones para analizar la Ley con distintos estamentos del Servicio Penitenciario Provincial, y que de esa gestión se desprende “un importante apoyo” a la iniciativa que se tratará en la sesión de este viernes.

La Ministra Silvia acudió para presentar algunas reformas legales más bien de corte administrativo, tendientes a definir la edad de los jóvenes y adultos, en qué momento acuden a la modalidad nocturno y cuando se trata de la culminación de estudios primarios. También logró aceptación en la oposición, una iniciativa de último momento para derogar la vieja Ley que regía el funcionamiento de los Institutos de Formación Docente, dado que al coexistir con la legislación más moderna, se producían superposiciones y malos entendidos por estar ambas reglamentaciones en vigencia.

También hubo tiempo para que el legislador Alfredo Martín, de Juntos Somos Río Negro, presentara su informe sobre la audiencia pública realizada por el área “Medianera”, explorada por la empresa Medanito, que se realizó para evaluar una extensión del contrato por 10 años más. Martín recomendó darle "luz verde" a la iniciativa porque permitirá nuevas inversiones y la ampliación del horizonte de reservas. Además, aclaró que se pide la aplicación del “compre rionegrino” y que “no se otorgará un libre deuda ambiental” a la empresa. 

La ampliación del contrato implicará un bono de 6 millones de dólares para la provincia, una inversión de 23 millones en la misma moneda, y costos operativos por otros 20 millones. En regalías, se esperan obtener por los 10 años de la prórroga, 13 millones de dólares.