Cabe recordar que en diciembre de 2015, la Senadora Nacional Magdalena Odarda presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, un Recurso de Amparo-Mandamus elaborado en forma conjunta con la conocida referente ambientalista Ana Wieman, perteneciente a la ONG de Bariloche, en defensa de la población de esa ciudad y de la integridad ambiental del Lago Nahuel Huapi. Con la finalidad de exigir medidas urgentes que impidan la realización de nuevos vertidos de líquidos cloacales sin tratamiento al Lago -situación que se viene dando a menudo y cuyo último evento sucediera el domingo 20 de diciembre de 2015, con un derrame de casi un millón de litros-, la senadora se presentó ante los tribunales ubicados en la ciudad capital provincial.
 
Este amparo colectivo fue recibiendo cada vez mayor apoyo y adhesión ciudadana. Muestra de esto es que en junio del corriente se agregaron al expediente más de 25 mil firmas de rionegrinos comprometidos e involucrados con esta causa, además de las 3 mil firmas que los barilochenses presentaron personalmente en el Juzgado de Paz de dicha ciudad, acto que los constituyó en amparistas formales.
 
Esta acción judicial fue éxito en todo sentido: no sólo movilizó a la ciudadanía en defensa de un ambiente sano, sino que instaló en la agenda pública nacional la necesidad de concretar las obras reclamadas. En consecuencia –y a raíz de esta contundente manifestación ciudadana- el Estado nacional, en conjunto con la provincia de Río Negro y el Municipio de San Carlos de Bariloche, anunciaron el proyecto de obra para ampliar la actual planta de tratamiento de residuos cloacales y la construcción de un nuevo corredor costanero.
 
En el proceso judicial, recientemente, hubo una novedad preocupante. El Superior Tribunal decidió rechazar la competencia en la causa iniciada por la contaminación del lago Nahuel Huapi y condenó a los amparistas al pago de las costas del juicio.  Con esta sentencia, se sienta como antecedente una vergonzosa interpretación que aumenta notoriamente la brecha existente entre el Poder Judicial y la ciudadanía: se pretende desmotivar cualquier participación ciudadana en las futuras causas ambientales en las que, como en la presente, se represente el legítimo interés de toda la población, vulnerando así el espíritu de la ley provincial de amparo colectivo 2779.
 
El joven concejal de la Coalición Cívica ARI, también Vicepresidente del partido a nivel provincial,  manifestó que  “es preocupante y gravísima la decisión del Juez Sergio Barotto de hacerle pagar a los amparistas que reclaman por sus derechos vulnerados las costas del juicio. Sin dudas que a través de este mecanismo se busca claramente amedrentar a quienes decidan recurrir a la justicia para defender sus derechos, en este caso en particular, a los amparistas y miles de ciudadanos que se sumaron espontáneamente para defender la salubridad del Lago Nahuel Huapi. El mensaje del STJ es claro e intimidante,  si vas a reclamar en la justicia por tus derechos, vas a tener que pagar”.