En el caso de la última de las normas mencionadas, el legislador Facundo López del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), indicó que, en términos generales, “la provincia sigue estando bien administrada,  tenemos una administración ordenada, como siempre, pero se han dado cambios en la macroeconomía del país”.

Destacó que por tratarse de un Decreto-Ley, “es facultad del Ejecutivo someterlo o no a consulta de los legisladores” y valoró que se haya abierto el debate.

Rodolfo Cufré fue el parlamentario por el oficialismo que argumentó en favor de la emergencia, indicando que “no se trata de una ley de ajuste, sino que viene a afrontar las alteraciones imprevistas en los recursos nacionales, y por lo tanto se propone garantizar los derechos esenciales y los servicios del Estado”.

Destacó que en la emergencia fueron excluidos los temas vinculados al empleo público. En ese plano, remarcó que “la emergencia no es confiscatoria, sino solo está orientada a superar una crisis de origen nacional”.

Sobre la postergación de la puesta en marcha de la reforma en el sistema procesal de la provincia, que estaba previsto para el primer día hábil de marzo, se ha postergado hasta el primer día hábil de agosto.

El miembro informante en ese asunto fue la legisladora Tania Lastra de JSRN, quien señaló entre los argumentos en favor de la postergación que “hemos contemplado un pedido de la Procuradora y de los Fiscales”, en torno a la necesidad de completar algunas tareas pendientes, como traspaso de personal y funcionarios, resolver alquileres y otros aspectos organizativos.

“Nos pidieron imperiosamente que necesitaban tres meses, pero hemos otorgado seis, haciendo prevalecer la idea de brindar el mejor servicio de justicia posible, eficiente sobre todo, y por eso se accede a este pedido, con la reserva de hacer un seguimiento de los avances”, comentó la legisladora.

También tuvo tratamiento favorable la prórroga al contrato que une a la provincia con el Banco Patagonia, cuyo vencimiento operó el pasado 13 de diciembre. “Se trata de un decreto Constitucional, indispensable para el normal funcionamiento de la administración pública, por el rol que cumple el agente financiero”, argumentó la legisladora Arabela Carreras de JSRN.

Agregó que “ya se encuentra en marcha el proceso de licitación para definir el nuevo agente, con un pliego que trae mejoras y beneficios para toda la población de la provincia”.

Hasta el 1 de febrero estarán en venta los pliegos, y el 7 de febrero, se procederá a la apertura de sobres para conocer la propuesta de los nuevos oferentes.

Por otra parte, en los considerandos de la norma que fija las condiciones de la prórroga de entrada en vigencia de la reforma en el Poder Judicial, “se advierte la necesidad de profundizar en la redefinición de tareas de los distintos actores del nuevo sistema como así también la de efectuar reformas normativas necesarias que acompañen armónicamente la reforma Procesal Penal en cuestión”.

De todos modos, desde la bancada oficialista se aclaró que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han puesto a disposición de la reforma un incremento notorio del presupuesto judicial cercano a los 180 millones de pesos, y las leyes que demanda la reforma, como el nuevo ordenamiento de la policía y la capacitación de los futuros integrantes de la Policía Judicial.

Respecto a la emergencia económica, servirá, entre otras cosas, para que el Ministerio de Economía pueda “refinanciar los pasivos financieros contraídos por la Provincia de Río Negro con entidades financieras, bancarias, el Estado Nacional, proveedores, contratistas y los contraídos mediante la emisión de certificados de deuda pública”.