El diputado nacional Sergio Wisky presentó un proyecto de ley para prohibir que funcionarios y autoridades pongan sus nombres o imágenes, así como símbolos o consignas relacionadas en bienes muebles e inmuebles y campañas de publicidad oficial.

El proyecto, que fue acompañado por sus colegas de bancada Leandro López Koenig (Neuquén) y Cornelia Schmidt-Liermann (Ciudad de Buenos Aires), se tramita en la Cámara bajo el número de expediente D-1948 y prevé una multa equivalente al costo de la pauta oficial que utilice el nombre del funcionario a pagarse de su propio peculio.

Este proyecto de ley busca impedir que se repitan hechos como los que tomaron estado público en las últimas semanas, cuando se conocieron diversos casos de intendentes que estamparon sus nombres en patrulleros y ambulancias, entre otros bienes del Estado.

“La publicidad de los actos, programas, obras y campañas de los órganos y organismos públicos deben tener un carácter informativo, educativo y/o de orientación social”, señala el proyecto en sus fundamentos, indicando que “De allí surge la necesidad de poner límites a los funcionarios que, abusándose del poder que detentan, llevan a cabo campañas, desde y con fondos del Estado con el objeto principal de promocionarse y exaltar su imagen”.

“Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en el ejercicio de la función pública a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia. Dicha transparencia en la función pública es un requisito ineludible del sistema democrático. Los funcionarios que ostentan responsabilidades públicas relevantes deben procurar tanto la austeridad y la sencillez en el ejercicio de sus tareas como el logro del bienestar y desarrollo para todos los argentinos, y no así propender a su promoción personal o culto a sus figuras utilizando el cargo que detentan con ese fin”, expresan los fundamentos del proyecto de Wisky.