Nota de opinión firmada por la Dra. Magdalena Odarda 

Río Negro fue una provincia de vanguardia en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Mucho antes de la sanción de Constitución reformada del 1994 -que incorporó por unanimidad y aclamación los derechos de las comunidades indígenas en el art. 75 inciso 17°- ya la joven provincia había reconocido esos derechos en su propia Carta Magna y en la ley n°2287.

Aquella norma sancionada el 12 de diciembre de 1988 -aún vigente- expresaba en su art. 1°: “La presente tiene por objeto el tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena, reconocer y garantizar la existencia institucional de las comunidades y sus organizaciones, así como el derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional, implicando un real respeto por sus tradiciones, creencias y actuales formas de vida”.

La democracia recuperada determinó que, tras los sucesivos gobiernos elegidos por el voto popular en Argentina, esos derechos “reconocidos y garantizados”, se fueran afianzando.

Fue con el Gobierno del Dr. Alfonsín en 1985 que se daba institucionalidad a una realidad que algunos preferían ignorar y aún lo hacen: somos parte de un país pluricultural que reconoce a los pueblos indígenas como preexistente al propio Estado.

Así nacía la ley 23.302.

Pocos años después, el 1989, el “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales”, se convertía en la herramienta más importante en materia de derechos de los pueblos indígenas en el mundo entero, al incorporar, -entre otros- el derechos a la CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA que obliga a los Estados a “consultar a los pueblos interesados -mediante procedimientos apropiados- cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente (art. 6 Convenio 169 OIT).

Esta obligación del Estado se incorporó al derecho interno, al sancionarse la ley 24.071 en 1992.

Pero fue en el 2006 cuando el ex presidente Néstor Kirchner, impulsaba en el Congreso la sanción de la ley 26.160 de RELEVAMIENTO TECNICO JURIDICO CATASTRAL de las comunidades indígenas de todo el país, evitando así el desalojo de sus territorios a millones de hermanos y hermanas de los más de 40 pueblos originarios reconocidos en Argentina.

Aunque insuficiente a la luz de los acontecimientos reciente y criticada por algunos sectores, nadie puede negar que se trata de una “ley valiente” que fue prorrogada en cuatro oportunidades: dos de ellas, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y por decreto, por el actual presidente Alberto Fernández con vigencia hasta el año 2025.

Esta norma supo hacerse paso entre los intereses más diversos y mezquinos para proteger a las comunidades de las garras de empresarios inescrupulosos -que muchas veces amparados por una Justicia cómplice-, han pretendido adueñarse de tierras ricas en bienes naturales comunes, como el agua, el oro, el petróleo, el litio, o simplemente, por su alto valor inmobiliario.

Pero más allá de estos avances de la democracia para TORNAR VIVO el contenido de Constituciones y leyes, no podemos desconocer que el “negacionismo” ha cruzado la historia argentina, sobre todo a partir del genocidio que significó la mal llamada “Campaña al Desierto”.

Fue poco antes de la última prórroga de la ley 26.160 en 2021, cuando se comenzaron a escuchar nuevamente los discursos del odio contra los pueblos indígenas y no fue casualidad.

El clamor de aquellos que situaron a los pueblos indígenas en el imaginario social como “enemigos internos” durante el gobierno de Mauricio Macri, volvió a desparramarse como un virus -sobre todo- en nuestra Provincia, donde los intereses por adueñarse de la tierra y el agua del empresariado argentino y extranjero, tienen el aval cómplice del Gobierno provincial de la Gobernadora Arabela Carreras y del próximo Gobernador Alberto Weretilneck.

La otrora Río Negro, orgullosa de su normativa de avanzada en el reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches y tehuelches, un día se vistió de luto al ver la sangre de inocentes asesinados que regaron sus bosques de cipreses, lengas, alerces y araucarias.

Esa bala que mató por la espalda a Rafael Nahuel en 2017, también destrozó aquel espíritu democrático y progresista de nuestros convencionales del 1988.

Días antes, moría Santiago Maldonado en un operativo ilegal de Gendarmería Nacional cuando el gobierno de Río Negro integraba el “comando unificado” alentado por los sectores del poder concentrado local y extranjero. Años más tarde, otra bala -esta vez proveniente del arma de un sicario militante del discurso del odio- ponía fin a la vida de otro joven indígena, Elías Garay.

Pero vaya paradoja. El hecho más escandaloso de incumplimiento de la ley 26.160 por el Gobierno Provincial que se negaba a firmar una y otra vez el convenio de relevamiento territorial- tal como lo hacías las provincias vecinas de Neuquén y Chubut-, ocurría en forma paralela a esos cobardes homicidios, también en Río Negro.

El Gobierno de Carreras, no solo se negó a llevar adelante los relevamientos territoriales a más de 100 comunidades mapuches tehuelches, sino que, además, evitó la entregar de cualquier título comunitario, obstaculizando el cumplimiento de órdenes judiciales como lo ocurrido con la comunidad Millalonco Ranquehue, incumpliendo su propia Constitución y sus leyes.

Por el contrario, permitió que al calor de los grupos “antivacunas” y bajo el paraguas de la inseguridad, surgieran agrupaciones de empresarios, políticos y funcionarios que, alzando la bandera de la defensa de la propiedad privada, no dudaron en acusar de “terroristas” a quienes defienden los territorios que son parte de aquella codicia sin límites. Este fue el caso de “Consenso Bariloche” cuya inauguración estuvo a cargo de la propia Gobernadora Arabela Carreras, del intendente Gustavo Gennuso y de diputados nacionales rionegrinos, que de la noche a la mañana se convirtieron en agentes del odio contra el pueblo mapuche, olvidando que también son sus representados.

Evidentemente la vasta normativa que nació con la democracia y nos convirtió en esa provincia de brazos abiertos, fue sepultada y olvidada.

El derecho a la consulta libre, previa e informada surgida del Convenio 169 de la OIT fue pisoteado en los proyectos productivos de hidrógeno verde o en la explotación hidrocarburífera.

La situación de los pueblos indígenas es grave. Y puede ser peor aún si llegan al Gobierno candidatos que basan su campaña electoral en “aniquilar” sus derechos.

Qataríes, árabes, ingleses, y de otras tantas nacionalidades vienen por la tierra y el agua en esta nueva configuración del proceso de extranjerización de tierras en Río Negro: compran nacientes de agua dulce como ocurre en el Alto Río Chubut, encierran lagos públicos en contra del interés general, aprovechan la falta de políticas públicas para los productores rurales para quedarse con sus tierras y operan aeropuertos en áreas de fronteras sin que el gobierno controle absolutamente nada.

Es por eso y por muchas injusticias más, que los rionegrinos y rionegrinas tenemos la obligación ética de retomar el espíritu de la Constitución de 1988, a pocos días de una nueva elección presidencial.

No olvidemos que aún hay deudas pendientes como la Ley de Propiedad comunitaria indígenas- entre muchas otras-, que la Democracia debe cumplir en lo inmediato y para ello necesitamos autoridades del pueblo y que gobiernen para el pueblo.

Ejemplos para comenzar a desandar el camino de pérdida de derechos sobran.

Basta con recordar a los miles de descendientes de pueblos originarios que dieron su vida para recuperar la Democracia, o los muertos indígenas que defendiendo la celeste y blanca en la gesta de Malvinas.

Pero yendo un poco más atrás en la historia argentina, no olvidemos a “nuestros paisanos los indios, que aún en pelotas”, no dudaron -ni por un segundo- en acompañar al General San Martín en aquella lucha por la tan ansiada libertad.