En el marco de la audiencia pública convocada para debatir el aumento del servicio eléctrico, la defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, fundamentó su rechazo a la solicitud de la Empresa de Energía Río Negro S.A. (EDERSA), que busca una actualización de sus ingresos que representaría un incremento del 13% en la tarifa media.
Santagati cuestionó la falta de claridad en la presentación de la información por parte de la empresa y reclamó que se especifique cómo el pedido impactará en cada categoría de usuario. "No corresponde hablar exclusivamente del Valor Agregado de Distribución (VAD) sin aclarar cómo se traduce dicha pretensión en la tarifa final", afirmó. Según argumentó, omitir estos datos impide que los usuarios accedan a información clara y veraz antes de la audiencia.
Al analizar los cuadros tarifarios de marzo de 2024 y marzo de 2025, la defensora advirtió que los mayores aumentos recaen en los cargos fijos, lo que afecta de manera desproporcionada a los usuarios de menor consumo. "Esto contradice el principio de equidad tarifaria y perjudica especialmente a los sectores más vulnerables", señaló.
Otro de los puntos que cuestionó Santagati fue la metodología utilizada por EDERSA para justificar el incremento. Explicó que la empresa toma como referencia tanto los valores del Modelo de Empresa Ideal adoptado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) como sus propios costos reales, según le resulta más conveniente. "Incluso, en algunos rubros se aparta de los costos reales y solicita 'costos de mercado', como es el caso de los alquileres y vehículos", puntualizó.
En cuanto a los costos derivados de la restitución del servicio tras eventos climáticos adversos, Santagati sostuvo que deben estar contemplados dentro de la gestión financiera de la empresa. "Parte de la tarifa incluye costos de mantenimiento y mejoras en la red", recordó, y agregó que trasladar esos gastos a los usuarios implicaría "la transferencia del riesgo empresario e incluso sociabilizar la eventual ineficiencia del concesionario".
Finalmente, la defensora del pueblo remarcó la falta de un análisis del impacto social del incremento tarifario. "La distribuidora posee diversos medios de gestión y obtención de rendimientos respecto de su flujo de ingresos, algo que los usuarios no poseen o poseen de forma muy limitada", sostuvo. En este sentido, solicitó al EPRE que realice "un análisis crítico, circunstanciado e integral, considerando la economía de los usuarios previo a determinar cualquier incremento tarifario".
1 abril 2025
Río Negro