Un caso de acoso callejero ocurrido en Cipolletti generó una resolución judicial que incluye medidas educativas para el imputado. La denuncia fue presentada por una mujer que, mientras circulaba en bicicleta hacia su casa, fue seguida y abordada por un hombre que la había estado acechando durante varios días. La situación derivó en una intervención judicial que incluyó la imposición de un curso sobre masculinidades, como parte de un proceso que considera la perspectiva de género en este tipo de hechos.

El acoso sucedió el 28 de febrero, cuando la víctima, una mujer que regresaba a su hogar por la zona urbana de Cipolletti, fue interceptada por un hombre que también iba en bicicleta. Según relató la denunciante, el hombre la alcanzó y comenzó a conversar insistentemente. En sus palabras, le confesó que la había estado siguiendo y que conocía sus horarios laborales. Además, le pidió su número de teléfono bajo la condición de que no lo comentara a nadie, ni a su madre ni a su pareja. La situación causó temor en la mujer, quien inmediatamente presentó la denuncia por acoso callejero.

La denuncia llegó al Juzgado de Paz el 13 de marzo, lo que dio inicio a un proceso judicial que, en sus primeras etapas, incluyó medidas cautelares. Al día siguiente, el juez ordenó que el acusado no pudiera acercarse a la víctima ni tomar contacto con ella. Sin embargo, fue el 31 de marzo cuando el imputado compareció ante el tribunal y solicitó la suspensión del proceso contravencional a prueba, a la vez que se mostró dispuesto a realizar un curso sobre género y masculinidades.

En su descargo, el hombre mostró voluntad de no reincidir en su comportamiento y ofreció una capacitación relacionada con la temática de género, un tema que es central para las autoridades judiciales en el tratamiento de casos de acoso. La denunciante manifestó su conformidad con la propuesta, lo que permitió la resolución favorable para el imputado.

La resolución final se dictó en función del relato de la víctima, las pruebas recolectadas y la normativa vigente en la provincia. En su fallo, el juzgado consideró relevante aplicar un enfoque con perspectiva de género, tal como lo dicta la Ley Nacional 26.485 y la Acordada 06/23 del Superior Tribunal de Justicia. Estos marcos normativos incluyen una respuesta judicial orientada a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en este caso, el acoso callejero.

El tribunal dispuso que el imputado realice el curso autogestionado titulado “Masculinidades, relación de poder y cambio social”, que es parte de una iniciativa del área de Género y Diversidad del Gobierno de Río Negro. Además, el acusado deberá presentar un certificado que acredite la finalización de la capacitación en un plazo de 30 días desde la notificación de la sentencia. También se le impuso la obligación de no cometer nuevas contravenciones durante un período de seis meses, bajo riesgo de que el proceso sea reactivado.