Un fallo judicial reconoció la existencia de un desequilibrio económico al finalizar un matrimonio que duró casi cuatro décadas. La resolución, dictada por un juzgado de familia de Cipolletti, estableció que la organización familiar basada en roles tradicionales provocó una desigualdad estructural que afectó el desarrollo personal y profesional de una mujer que, desde muy joven, se dedicó en forma exclusiva al ámbito doméstico.
La pareja se casó en 1985, cuando ella tenía 17 años y él 22. En los primeros años compartieron su vida en Río Colorado, sin vivienda propia ni ocupaciones estables. Poco después del casamiento, la mujer abandonó sus estudios secundarios para ocuparse del hogar, mientras su esposo iniciaba una carrera en la Policía de Río Negro, donde se desempeñó hasta retirarse en 2013 como suboficial mayor.
Durante todo ese período, ella se ocupó del cuidado de los tres hijos del matrimonio, del mantenimiento de la vida cotidiana y del acompañamiento a los distintos traslados y cambios de destino del esposo. Según consta en el expediente judicial, cuando se presentó una oportunidad de empleo en la Municipalidad, no pudo aceptarla porque su esposo no estaba de acuerdo con que trabajara. Esa negativa, sumada a las exigencias de la dinámica familiar, consolidó una división de tareas en la que él era el proveedor económico y ella asumía el rol doméstico.
La separación legal se concretó en noviembre de 2023. Pocos días después, la mujer inició una demanda solicitando una compensación económica, alegando que había quedado en una situación de vulnerabilidad económica. Mientras su expareja continuaba en la vivienda familiar y mantenía el vehículo, ella tuvo que mudarse a un departamento alquilado junto a uno de sus hijos. Recién en 2012 había logrado insertarse en el mercado laboral, trabajando en un consultorio cuando sus hijos ya no requerían atención permanente.
La jueza interviniente analizó los testimonios aportados en el expediente, entre ellos el del propio demandado, quien confirmó que su entonces esposa abandonó sus estudios, no trabajó durante décadas y estuvo a cargo de la crianza y del hogar. En la sentencia se sostuvo que esta configuración familiar generó un perjuicio económico notorio para la mujer, que se manifestó con claridad una vez producida la ruptura.
El fallo determinó una compensación económica de 180.000 pesos mensuales durante 36 meses, con actualización por índice de precios. La magistrada aclaró que no se trató de una situación de necesidad extrema, sino de un desequilibrio generado por una distribución desigual de los roles en el matrimonio. También se impusieron las costas del proceso al demandado y se dejó constancia del expediente paralelo por la división de bienes.
En la resolución se subrayó la importancia de aplicar una perspectiva de género para interpretar los hechos, evaluar la prueba y comprender cómo ciertas decisiones personales están condicionadas por estructuras sociales que aún persisten. Esta mirada permitió valorar el impacto concreto de una trayectoria vital marcada por la postergación de proyectos individuales en beneficio del sostén del grupo familiar.
4 abril 2025
Judiciales