En el marco de una causa penal por violación de secretos y tenencia de material de abuso sexual infantil, un hombre aceptó una suspensión de juicio a prueba tras un acuerdo alcanzado entre las partes en una audiencia judicial. La resolución implica el cumplimiento de diversas pautas de conducta durante un año y fue consensuada con la víctima, quien estuvo presente en la audiencia y prestó su conformidad.

El caso se inició luego de que el imputado accediera sin autorización a la computadora de un amigo. De ese dispositivo extrajo archivos privados que contenían fotos y videos íntimos del dueño del equipo junto a su pareja, imágenes que posteriormente fueron reenviadas por el acusado a su novia.

La denuncia fue radicada por la mujer que aparecía en las imágenes, quien tomó conocimiento de la situación a través de la destinataria de los archivos. A partir de allí, se abrió un legajo penal por el delito de violación de secretos.

Durante el avance de la investigación, se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se secuestró su teléfono celular. En ese dispositivo, y tras las pericias correspondientes, se detectaron imágenes de abuso sexual infantil. Esta nueva evidencia derivó en la imputación de un segundo delito, agravado por la edad de las personas que aparecían en los archivos.

La Fiscalía formuló cargos contra el acusado por la supuesta autoría de los delitos de violación de secretos y privacidad, y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil agravado, en los términos de los artículos 45, 55, 153 y 128 —segundo y último párrafo— del Código Penal. Ambos delitos tienen penas mínimas que no superan los meses de prisión y máximos que, en principio, no contemplan cumplimiento efectivo.

En este contexto, se acordó una salida alternativa bajo la figura legal de suspensión de juicio a prueba. El acusado deberá cumplir una serie de medidas por el plazo de doce meses. Entre ellas, asistir y aprobar un curso formativo en masculinidades dictado por el Ministerio de Seguridad de la provincia, además de iniciar un tratamiento psicológico.

Por otro lado, como parte de la reparación acordada, la víctima recibirá un monto de dinero destinado a cubrir los costos de su espacio terapéutico, además de la restitución de la computadora que había sido incautada durante la investigación.