La Fiscalía pidió que se declare la responsabilidad penal del exintendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, por las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del programa habitacional Techo Digno, mientras que descartó la acusación que había formulado contra el también exjefe comunal Nelson Iribarren. La definición fue planteada durante los alegatos de clausura del juicio que se desarrolla en Viedma y cuyo veredicto se conocerá el próximo 10 de junio.

Durante su exposición final, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que logró acreditar que Renzo Tamburrini, junto a exfuncionarios de su gestión, intervino en la certificación de avances de obra que no se correspondían con el estado real de ejecución de las viviendas, permitiendo así la liberación de pagos a la empresa contratista.

Según la acusación, se certificó un avance cercano al 71% cuando las pericias técnicas realizadas durante la investigación concluyeron que el progreso efectivo de las obras alcanzaba apenas el 42,21%. Para la Fiscalía, esa diferencia permitió concretar pagos por trabajos no ejecutados y provocó un perjuicio económico para el municipio estimado en 793 millones de pesos, actualizados a marzo de 2025.

Los fiscales señalaron que la maniobra quedó acreditada mediante documentación administrativa, pericias técnicas, estudios caligráficos y declaraciones testimoniales producidas durante el debate. También afirmaron que distintos especialistas coincidieron en la existencia de una sobrecertificación de obra.

En cambio, respecto del segundo tramo de la investigación, vinculado a obras de infraestructura y movimientos de suelo ejecutados a partir de un convenio posterior, la Fiscalía modificó su posición inicial y concluyó que los trabajos certificados sí habían sido realizados.

A partir de esa valoración de la prueba, el Ministerio Público desistió de la acusación contra Nelson Iribarren, la exsecretaria de Gobierno Claudia Alvariño y el exsecretario de Obras Miguel Ángel Mesa. Los fiscales destacaron además que la gestión de Iribarren ordenó revisar la documentación del proyecto, rescindió el contrato con la empresa y promovió la denuncia penal que originó la investigación.

Durante el alegato se remarcó que esas actuaciones resultaron incompatibles con la hipótesis de una maniobra coordinada para perjudicar a la administración pública, por lo que se descartó atribuirles responsabilidad en los hechos investigados.

Por su parte, las defensas cuestionaron las conclusiones de la Fiscalía, rechazaron las pericias incorporadas al expediente y solicitaron la absolución de sus asistidos. Los abogados insistieron en que no se acreditó la existencia de dolo ni la participación de los acusados en las maniobras denunciadas.

Tras más de siete jornadas de debate oral y público, el tribunal dio por concluido el juicio y anunció que el próximo 10 de junio dará a conocer el veredicto que definirá la situación judicial de los exfuncionarios involucrados en la causa por el plan Techo Digno.