14 junio 2011 Río Negro Comentar La iniciativa de los legisladores Silvina Garcia Larraburu, Pedro Pesatti y  Martín Soria,  promueven incorporar un artículo a la ley nº 3986 de prohibición de fumar en espacios públicos, agrega esta cláusula a la norma que está destinada a ejercer “la defensa de los no fumadores y genera en el fumador una restricción que, en muchos casos, lo lleva a disminuir la adicción”.

Señalan en los argumentos que “en la batalla del fumador contra su adicción y en beneficio de generar una mejor calidad de vida tanto, en los fumadores como en aquellos que conforman su entorno familiar, laboral o social, es que consideramos de vital importancia que el IProSS brinde a sus beneficiarios” esta cobertura.

Apuntan los parlamentarios del PJ que “es fundamental seguir trabajando en la promoción de ambientes libres de humo para propender al cese del tabaquismo o a la disminución de fumadores”.

Por su parte, la presidente de Asuntos Constitucionales, Nelly Meana, dio lectura a una nota del IProSS en la que expresa su la opinión favorable del Instituto a esta iniciativa.

Durante la reunión tuvo dictamen favorable un proyecto de ley de la legisladora Martha Ramidan (Redes) para que la Provincia adhiera a la ley nacional que establece los "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud".

Igual opinión dio el plenario a la iniciativa de Inés Lazzarini (PPRH) que propone establecer la prohibición absoluta de transportar áridos en el trayecto asfaltado de la ruta provincial nº 1, entre la ciudad de Viedma y La Lobería.

La legisladora señaló que la modificación implica extender el tramo previsto en la ley original, que estableció la veda de esa actividad sólo hasta El Cóndor, pero además hizo mención a la necesidad de que la empresa vial rionegrina (VIARSE) ponga en condiciones la ruta alternativa para que pueda ser utilizada por los camiones de transporte.

El último de los proyectos de ley que tuvo tratamiento y aprobación en este ámbito, fue el presentado por la legisladora Magdalena Odarda por el que modifica la norma que suspende los remates judiciales a inmuebles destinados a la producción primaria. La reforma implica que tampoco podrán ser rematados los bienes muebles o herramientas de trabajo que estén destinados a esa actividad productiva.