Aseveraron que, pese a ser rechazada por amplios sectores sociales, la actividad minera "se mantiene impune".
"Deploramos lo que acontece en otras regiones del país donde se reprime la protesta pacífica quedando divididas las sociedades de cada lugar, mientras la actividad minera cuestionada se mantiene impune o se analiza muy superficialmente", señalaron.
La iglesia propuso "un diálogo abierto y federal, un ámbito jurídico que ponga límites en temas tan controvertidos" y "el compromiso de garantizar que los pueblos y zonas cercanas a los emprendimientos mineros puedan mantener: su forma de vida, sus trabajos, sus costumbres productivas, su agua, sus cerros, sus bosque".
Asimismo los obispos reclamaron voluntad política para que haya "un efectivo control social" sobre la actividad y el respeto a la legislación argentina e internacional que "proteja los derechos y el territorio de los pueblos originarios".
FUENTE: LU 18
22 octubre 2019
Interés General