10 marzo 2012 Interés General Comentar

La secretaria de Medio Ambiente, Laura Del Valle Juárez, informó que durante la inspección, realizada por la dirección de Fiscalización y Control a su cargo, el personal “no encontró ninguna medida de seguridad, por lo que se procedió a la clausura preventiva” hasta tanto se regularice la situación.

Del Valle Juárez destacó que en el lugar se pudo observar “la falta de protección del suelo, derrames varios, deficiencia en la gestión de residuos, falta de planes de contingencia e implementación para derrames, deficiencia en la gestión de residuos, tanto asimilables a urbanos como peligrosos, falta de red de lucha contra incendios, falta de monitoreo de agua, suelo y aire”.

La secretaria subrayó que el organismo a su cargo “debe velar por el derecho de los habitantes de la provincia de gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como también por la seguridad de vecinos y trabajadores del establecimiento, tal como lo asegura la Constitución de la provincia”.

En tanto, la resolución destaca la importancia del cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente que en su artículo 4º detalla el “principio de prevención, que ordena a la administración una obligación de previsión anticipada, evitando los efectos riesgosos de la actividad humana, debiendo atender las causas y fuentes de los problemas en forma prioritaria”.

De este modo, la Secretaría de Medio Ambiente resolvió “ordenar el cese total de actividades y la inmediata clausura preventiva del establecimiento”.

Asimismo, determinó que “sin perjuicio del cese de actividades y la clausura ordenada, y a los fines de evitar riesgos medioambientales y de seguridad la empresa deberá devolver a las refinerías el petróleo crudo que se encuentre en el establecimiento”.

También ordenó a la empresa “vaciar los tanques de combustibles, realizar la limpieza de las cañerías y adoptar las medidas y recaudos necesarios para evitar la acumulación de gases inflamables”.

Por otra parte, estableció que “los combustibles extraídos deberán ser enviados a puntos de venta o distribución conforme a la normativa vigente en la materia”.

Además, deberá elaborar un Plan de Protección contra incendios y realizar las obras necesarias de acuerdo a las exigencias de las normativas nacionales vigentes, como las de la Secretaría de Energía de la Nación y contar con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. “Hasta tanto el sistema de protección contra incendios no se encuentre aprobado y plenamente operativo, no se levantará la clausura que recae sobre el establecimiento”, destaca la resolución.

También la firma deberá elaborar y presentar a análisis de la secretaría un Plan de Gestión Ambiental completo, que contemple medidas adecuadas para garantizar la protección del suelo ante posibles derrames, como también un Plan de Gestión de Residuos, un Plan de Contingencia aplicable en caso de derrames, incidentes o accidentes y un Plan de Monitoreo de agua, suelo y aire.

El organismo provincial hizo saber a la empresa que deberá presentar la actualización del Estudio de Impacto Ambiental en un plazo no mayor a 60 días corridos a partir de la notificación.

Cabe destacar que la empresa podrá hacer un descargo de las imputaciones para el ejercicio de su defensa en un plazo de 10 días de notificada.