17 octubre 2012 Interés General Comentar

El presidente del Colegio viedmense, Raúl Cámpora, destacó que la entidad “no tendrá problemas en acompañar el proyecto, siempre que se atiendan otras cuestiones que tienen que ver con la problemática del servicio de Justicia”.

“El argumento principal de la reforma era mejorar la justicia, acelerar el trámite y equilibrar la representación de las circunscripciones en el máximo órgano”, explicó el abogado a FM DE LA COSTA.

Señaló que en cuanto al mejoramiento del sistema “planteamos que se debe acompañar con un mejoramiento del presupuesto y que además la comisión que fue convocada a los efectos de reformar el número de miembros se constituyera como una comisión de seguimiento permanente donde estuviera como integrante un miembro del STJ”.

Insistió en que “esto fue planteado como un condicionamiento para el acompañamiento de la ley”.

“Muchas veces se torna dificultoso discutir sobre todo cuestiones presupuestarias. El mandato de la institución es claro, pero como lo vamos a instrumentar es otro tema”, dijo y admitió que hay algunas diferencias entre los colegios de la provincia “respecto a la redacción y demás, pero en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo”.

“El Poder Judicial no ha hecho ningún planteo al gobernador y por eso no tengo nada que decir. Diferente sería si el gobernador manda el proyecto de ley con oposición del STJ. No hay posicionamientos contrarios”, manifestó luego.

Aseguró que este tema no lo planteó el Poder Judicial “porque es un acuerdo político que tiene el gobernador con los abogados de su circunscripción judicial, que a nosotros no nos afecta en mayor medida”.

“Desde lo personal creo que los pactos están para cumplirse. Creo de buen grado que alguien que asume un compromiso, en la medida de las posibilidades, lo cumple o intenta cumplirlo”, continuó. 

Finalmente, señaló que “a nosotros no nos perjudica que haya cinco miembros en el STJ. Si el gobernador tiene este acuerdo político y lo quiere cumplir lo vemos bien. Lo que no vemos bien es que no haya un acompañamiento presupuestario y que no esté el Superior Tribunal en esta comisión de seguimiento permanente”.