En el día de hoy se presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de comunicación repudiando el encarcelamiento de Milagro Sala y solicitando su liberación.

En dicho proyecto, se expresa que “La detención y encarcelamiento de Milagro Sala, por parte del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy tiene un propósito político claro y no se ajusta de ninguna manera a las reglas jurídicas que nos gobiernan. Las Organizaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, han expresado su más enérgico repudio.

Milagro Sala es una presa política y su encarcelamiento compromete la responsabilidad del Estado Nacional en relación al cumplimiento de las normas emanadas de los Tratados de Derechos Humanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgue medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala, detenida arbitrariamente, y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy a la luz de medidas gubernamentales que buscan intimidar a Sala y otros integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS).

Milagro Sala es parlamentaria del Parlasur, la institución legislativa del bloque comercial Mercosur. Su detención es un ejemplo de la utilización del derecho penal para desalentar las protestas y manifestaciones y de esta manera coartar la libertad de expresión de las organizaciones sociales.

En tanto representantes del poder legislativo de la Provincia, expresamos nuestro repudio a la detención de Milagro Sala, y sostenemos nuestro compromiso con el pleno cumplimiento de los estándares y normas de derechos humanos en el territorio de nuestro país, sin desconocer el carácter federal de la cuestión, creemos que el Estado Nacional debe propender, por todos los medios previstos, a acompañar con sus equipos técnicos y jurídicos a toda organización y persona cuyos derechos humanos puedan estar siendo conculcados, más allá de sus posturas políticas “
 
Acompañan este proyecto de comunicación, los legisladores Elvin Williams y Marcelo Mango.